Emmanuel Macron espera mucho de la consulta lanzada ayer en un pequeño pueblo normando para dar respuesta a la revuelta de los chalecos amarillos que lleva dos meses reventando las costuras de la República. El presidente francés quiere dar la palabra a los ciudadanos en un debate «sin tabúes» que se prolongará hasta el 15 de marzo. Un ejercicio tan inédito como arriesgado que los chalecos amarillos ven con escepticismo y la clase política con reservas. Sin embargo, Macron quiere hacer de la dificultad virtud y convertir la crisis en una oportunidad para poner fin a 25 años de «fracturas sociales, económicas y territoriales».

El escenario elegido para dar el pistoletazo de salida al gran debate nacional fue el polideportivo de la localidad de Grand Bourgtheroulde, de poco más de 3.000 habitantes, literalmente tomada por las fuerzas del orden para evitar posibles disturbios ante la presencia del jefe del Estado.

Sentado entre unos 600 alcaldes de cinco comunidades normandas, Macron escuchó las quejas que los ediles expusieron sin tapujos aprovechando la ocasión, probablemente única, de hacerle llegar directamente las preocupaciones de los franceses que viven en pueblos alejados geográfica y sociológicamente de la realidad parisina.

EL MENOSPRECIO / Se pusieron encima de la mesa asuntos como el de la justicia fiscal, los problemas de movilidad, la escasez de médicos o las pensiones de los jubilados que no llegan a fin de mes. Pero también hablaron del menosprecio que siente el medio rural por parte del poder y de que el Gobierno no muestra suficiente confianza en los alcaldes.

La crisis de los chalecos amarillos ha obligado a Macron a corregir una política que desde su llegada al poder, en mayo del 2017, consistió en obviar a los llamados cuerpos intermedios para sortear las primeras reformas -la laboral y la del ferrocarril- sin grandes problemas. El precio que ha pagado, según coinciden todos los analistas, es su desconexión del terreno y de la realidad cotidiana de la mayoría de franceses.

Por eso los alcaldes son ahora el principal recurso del Elíseo para reanudar la relación con los ciudadanos, sobre todo porque en un clima de total desconfianza en las instituciones, los ediles son los únicos que mantienen un nivel de interlocución y una capacidad de mediación que no se ve contestada.

En la sesión celebrada en Grand Bourgtheroulde, Macron fue fiel a su estilo y combinó firmeza y concesiones en su respuesta a los alcaldes. Así, dijo que no era ningún «dogma» la decisión de limitar la velocidad a 80 km/h en las redes secundarias -una medida en la que muchos ven el primer síntoma de la cólera que luego cristalizó con la subida del precio del carburante- pero no dio un paso atrás en lo que muchos consideran el pecado original de la política fiscal del presidente: la anulación del impuesto sobre la fortuna (ISF).

Emmanuel Macron comenzó la jornada con una visita sorpresa al Ayuntamiento de Gasny, un pueblo próximo a Giverny, donde generó la polémica del día con la reflexión que hizo a puerta cerrada sobre las personas en situación de pobreza. «A la gente con dificultades hay que responsabilizarla más porque algunos lo hacen bien, pero hay quien se cachondea».

LA ARROGANCIA / La frase confirma que le resulta difícil aparcar su estilo arrogante con las clases populares y le ha valido unas cuantas críticas. «El año 2019 empieza como el anterior. Los debates se abren, pero siempre con el mismo desprecio hacia los franceses», escribió en su cuenta de Twitter la diputada de Los Republicanos Valéry Boyer.

Según el esquema de trabajo del Ejecutivo, durante los próximos dos meses los Ayuntamientos recogerán las quejas de los ciudadanos -los cahiers de doléance, esos registros que se hicieron célebres durante la Revolución francesa- y paralelamente habrá debates a nivel local, una plataforma on line para hacer propuestas y conferencias ciudadanas en cada región. Cuando se cierre el periodo de consultas se publicarán y analizarán las contribuciones, que se le harán llegar al presidente y al Gobierno.

Macron, que en una carta abierta a los franceses plantea 35 preguntas agrupadas en cuatro temas -fiscalidad, organización del Estado, ecología y democracia-, se ha comprometido a anunciar sus decisiones antes de finales de abril. Según un sondeo, el 40% de los franceses están dispuestos a participar en el debate, aunque solo uno de cada tres piensa que será la vía de salida a la crisis.