U n aerosol de gas pimienta ha sido un utensilio indispensable para muchos candidatos de la opositora Coalición 2020 a la hora de salir a pedir el voto en Novosibirsk, capital de Siberia. «La justicia se ha negado a abrir una investigación criminal por el envenenamiento de Alekséi Navalni, y las fuerzas oficialistas locales han interpretado que tenían luz verde para agredirnos», se queja Serguéi Boiko, al frente de esta formación política, con una treintena de candidatos a la asamblea municipal. Hoy, 40 regiones de la Federación Rusa están llamadas a las urnas para elegir a sus gobernadores, diputados locales y concejales.

«Ha sido la campaña más sucia que recuerdo», ha constatado Vasili Bolnujin, redactor jefe del portal Taiga-Info . «Un enmascarado lanzó un bote con una sustancia química en nuestra sede que nos obligó a evacuarla y a hospitalizar a una persona; matones han destruido puestos de propaganda, incluso han mordido a uno de los nuestros», denuncia Boiko.

El envenenamiento de Navalni, ocurrido cuando regresaba de esta región a 3.000 kilómetros de Moscú, ha atraído la atención en unos comicios que normalmente poco interesan a los electores y que suelen pasar desapercibidos para la prensa. En esta ocasión, la convocatoria es interpretada como un test para la capacidad del sistema político ruso de seguir generando mayorías oficialistas, en un momento de caída de la popularidad de Vladímir Putin.

Según los observadores, candidatos no oficialistas podrían lograr buenos resultados en Novosibirsk y Magadán, en el Extremo Oriente, mientras que los gobernadores de las regiones de Komi, en el norte, e Irkutsk, también en Siberia, afrontan desafíos para seguir. Novosibirsk, la tercera ciudad rusa refleja cómo se desarrolla la vida política y económica en las regiones. «En Moscú o San Petersburgo hay más dinero y el volumen de la corrupción es mayor, pero aquí el sistema es más opaco; los contratos públicos se cierran sin subastas; hay sectores enteros de la economía controlados por diputados o funcionarios con conexiones que legislan para proteger sus intereses», revela Boiko.

En teoría, los gobernadores son elegidos, pero en realidad «son nombrados por el Kremlin y deben tener el visto bueno del FSB (ex KGB) que observa sus acciones», explica Yaroslav Vlasov, reportero de Taiga-Info H