Los alcaldes italianos se rebelan contra Salvini por los inmigrantes

«Que trabajen, en lugar de desobedecer a la leyes», replicó ayer el ministro del Interior, Matteo Salvini, que advirtió a los dirigentes municipales díscolos que «responderán legalmente de ello». El decreto de Salvini, que restringe los derechos de los inmigrantes y endurece las condiciones para solicitar asilo, amplía también el derecho a la legítima defensa, lo que comporta un aumento de los permisos de armas. «Se trata de una medida inhumana y que induce al crímen», explicó el alcalde de Palermo al comentar la medida ya implemantada en su localidad. El edil aseguró que no puede ser cómplice de «una evidente violación de los derechos humanos, previstos por la Constitución, frente a personas que están legalmente presentes en el territorio nacional».

Orlando ha dado orden al registro civil de no poner en práctica la nueva normativa por el momento. «Con todos los problemas que tiene Palermo, el alcalde de izquierdas piensa en desobedecer la normativa sobre los inmigrados», escribió Salvini.

PRIMERO LOS ITALIANOS / En todo caso, el polémico ministro del Interior italiano descartó enviar al Ejército a Palermo para aplicar la ley. «No ejerceré nunca acciones de fuerza, serán los electores quienes juzguen la actuación de los alcaldes», dijo tras subrayar que los alcaldes responderán «personalmente, legalmente y civilmente» si no acatan la ley. «Antes tenemos que pensar en los millones de italianos pobres y en el paro, defendiéndoles de los demasiados delitos cometidos por inmigrados clandestinos. Después salvaremos al resto del mundo», afirmó el líder ultraderechista de La Liga.

Antonio Decaro, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, recordó que los alcaldes ya habían «advertido unánimemente e independientemente de la militancia política y antes de la aprobación del decreto, que la asociación se había expresado negativamente sobre la medida, al considerar que los derechos humanos no son negociables». La decisión del alcalde de Palermo ha cundido en pocos minutos en toda la península, no solo entre los alcaldes progresistas, sino también independientes y de otros partidos. Luigi de Magistris, alcalde de Nápoles, señaló que «no se trata de un acto de desobediencia civil sino de un acto de obediencia constitucional, porque la ley sobre la seguridad contrasta con la Constitución, con los derechos como los de igualdad y asilo, por lo que no será aplicada en el modo más absoluto». De Magistris, además, pidió poder abrir el puerto de la ciudad para acoger a la nave Sea Watch 3, que con decenas de inmigrantes a bordo y desde hace casi dos semanas intenta sin éxito permiso para atracar en algún puerto del Mediterráneo.

Un actitud que ha enfurecido todavía más a Salvini que ayer volvió a reiterar la decisión del Gobierno de mantener los puertos cerrados para los inmigrantes rescatados en alta mar. «Hemos acogido ya a demasiados falsos prófugos, hemos enriquecido a demasiados contrabandistas. Los alcaldes de izquierda deben pensar en las dificultades de sus ciudadanos, no en los clandestinos», afirmó Salvini.

Respecto al decreto de seguridad, se pronunció también el alcalde de Riace, ciudad al sur del país. «Es un decreto contra los derechos humanos y la dignidad de las personas», advirtió Mimmo Lucano, suspendido de sus funciones y exilado del pueblo por sus políticas de acogida. «Entiendo la fatiga de poner remedio a unas normas confusas, escritas solo por la obsesión de hacer propaganda y que con frecuencia provocan caos, más desconfianza y la inseguridad de todos», dijo Nicola Zingaretti, presidente de la región Lazio. Zingaretti forma parte de la minoría progresista cuyo líder, Maurizio Martina, lanzó ayer la iniciativa de promover un referéndum para derogar la ley. El artículo 13 del decreto sobre seguridad establece que el permiso de residencia otorgado a quien ha pedido asilo político ya constituye un documento de identidad, pero que no será suficiente para inscribirse en el registro civil y obtener la residencia. Por esto, los municipios no podrán emitir un DNI a los afectados, ni ofrecerles los servicios del ayuntamiento, como el acceso a la sanidad pública o a las oficinas de empleo.

«Nos dicen que hay que expulsar a las personas en situación irregular, pero no indican dónde colocarlos, por lo que en nuestra ciudad no aplicaremos nunca unas normas que son anticonstitucionales», señaló Giuseppe Falcomatà, alcalde de Reggio Calabria. «No nos doblegaremos», apuntó Dario Nardella, alcalde de Florencia. Para la Asociacion de Alcaldes, el Ministerio del Interior debería «reunirse con los alcaldes de Italia».