Amnistía Internacional (AI) ha advertido hoy de que los derechos humanos corren peligro en Turquía, tras el intento de golpe de Estado que tuvo lugar el pasado viernes en ese país, que se saldó con la muerte de al menos 208 personas y miles de detenciones.
En un comunicado, AI señala que las autoridades turcas han propuesto restablecer la pena de muerte para "castigar" a los autores del fallido golpe de Estado y que detenidos en las ciudades turcas de Ankara y Estambul "han sufrido una serie de abusos", según los informes que investiga la ONG.
El director de AI para Europa y Asia, John Dalhuisen, asegura que "el gran número" de detenciones y suspensiones desde el pasado viernes es "alarmante" y destaca que los responsables de homicidios y "otros abusos" contra los derechos humanos deben comparecer ante la justicia.
En este sentido, Dalhuisen abunda en que "reprimir la disidencia y amenazar con restablecer la pena de muerte no es justicia" por lo que la ONG reclama a las autoridades turcas que "muestren contención y respeto" al Estado de derecho a la hora de realizar las investigaciones necesarias y que sometan a todas las personas detenidas a un juicio con las debidas garantías.
Además, pide la libertad de las personas contra las cuales no existan pruebas concretas de su participación en actos delictivos: "lo último que necesita Turquía es un retroceso en los derechos humanos", destaca Dalhuisen.
La ONG señala que entre los fallecidos durante el intento de golpe había 24 personas que las autoridades calificaban de "golpistas" y "varias de ellas, según informes, fueron linchadas cuando estaban desarmadas e intentando rendirse".
Asimismo, sostiene que en los días siguientes, el gobierno turco ha realizado "intensas purgas" en el seno del ejército, el poder judicial y las ramas civiles del Ministerio del Interior.
En concreto, asegura que 7.543 "golpistas" han sido detenidos, de los que 318 están en prisión preventiva, al tiempo que han sido suspendidos del servicio 7.000 policías y apartados de sus cargos 2.700 jueces y fiscales, "es decir, casi una quinta parte del poder judicial".
