La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada solo por oficialistas, aprobó este jueves la llamada "Ley Antibloqueo" que -aseguran- otorga al presidente venezolano, Nicolás Maduro, potestad para desoír, bajo confidencialidad, normas legales para hacer frente a las sanciones económicas impuestas a su Gobierno.

La ley establece que sus apartados tendrán acción preferente sobre el marco legal preexistente.

Este blindaje "antibloqueo" otorga también facultades al Ejecutivo para la "celebración de todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios", para la protección de activos nacionales, así como para "impedir o revertir actos o amenazas" que atenten contra las riquezas de la república.

NUEVAS REGULACIONES

Todo esto, subrayó el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, sin perjuicio del artículo 303 de la Constitución que ordena al Estado conservar la totalidad de las acciones de la petrolera estatal PDVSA, encargada de administrar las mayores reservas de crudo del mundo, con las que cuenta el país sudamericano.

La ley, además, declara "secretos y reservados los procedimientos, actos y registros efectuados con ocasión de la implementación de alguna de las medidas" que impliquen inaplicación de normas, lo que prohíbe, ahora formalmente, el control legislativo del Ejecutivo y que los ciudadanos conozcan en tiempo real cómo se manejan dineros públicos.

Esta confidencialidad se deberá mantener "hasta 90 días posteriores al cese" de las sanciones o circunstancias que hayan "propiciado la situación".

POLÉMICA POR ESTA LEY

La única auditoría contemplada queda en manos de la Contraloría General de la República, que podrá solicitar al Ejecutivo algún reporte y en menor medida, el Poder Judicial podrá "tramitar solicitud" de acceso a estos expedientes, pero por medio de la Contraloría. La ley tendrá vigencia hasta que cesen las sanciones.

Algunos dirigentes del chavismo que han sido críticos con el Gobierno en los últimos años, han rechazado este proyecto de ley al considerar que "convalida la entrega del país", o al menos así lo expresó en Twitter Rafael Ramírez, quien presidió PDVSA durante más de 10 años.

Maduro ha asegurado que la legislación fue consultada con todas las autoridades regionales y municipales pero el gobernador del estado Anzoátegui, el opositor Antonio Barreto Sira, dijo a Efe que ni él ni los otros tres gobernadores contrarios al chavismo fueron tomados en cuenta en este proceso.