El escándalo político en Italia por el cobro del bono anticovid de cinco diputados -que cobran un sueldo de hasta 12.000 euros mensuales- se está extendiendo como una mancha de aceite. Según ha trascendido ahora, 2.000 administradores locales, desde alcaldes hasta consejeros regionales, provinciales y municipales, también se han acogido a estas ayudas de 600 euros al mes, destinadas a pymes o autónomos que durante el confinamiento no pudieron trabajar.

Este miércoles, la Liga de Matteo Salvini suspendió a dos de sus diputados, Andrea Dara y Elena Murelli, considerados cercanos al secretario de la formación política. "A pesar de no haber violado ninguna ley, es inoportuno que los parlamentarios se hayan adherido a la medida (del bono) y por esta razón hemos decidido y compartido con los interesados la decisión de suspenderles", explicó Riccardo Molinari, jefe del grupo parlamentario de la Liga.

Salvini ya advirtió el domingo de que todos aquellos que hubieran solicitado el bono serían suspendidos y, en caso de elecciones, no volverían a ser candidatos. El líder ultra censuró que la Seguridad Social italiana (Inps) "haya podido pagar 600 euros a los parlamentarios y aún haya quién esté esperando el bono". El presidente del Inps, Pasquale Tridico, tendrá que comparecer este viernes en el Parlamento para explicar cómo y por qué ha dado a conocer, con el beneplácito de la agencia de protección de datos, los nombres de los políticos que se han acogido a esta compensación.

Los diputados implicados hasta el momento son cinco, aunque dos de ellos no obtuvieron el bono anticovid. Se trataría, según ha filtrado el Parlamento, de políticos de la Liga, del Movimiento 5 Estrellas (M5S) y de Italia de los Valores (IV), estos dos últimos socios del Ejecutivo de Giuseppe Conte.

COMPROMISO PROVISIONAL

El caso de los administradores locales resulta más complejo, ya que en la mayoría de los casos cobran poco más de 1.000 euros mensuales por su compromiso provisional en política, por lo que siguen manteniendo sus pymes o bien sus despachos cuando se trata de, por ejemplo, de un abogado, arquitecto u otro profesional liberal.

"No he robado nada, sino que he pedido el bono por un claro y sencillo motivo", afirma Federico Boggi, alcalde de un pueblo de 4.000 habitantes. "Después de la última factura de enero como autónomo, en marzo, abril y mayo he facturado cero, porque soy abogado y no un político", explica. Uno de los diputados ilustra que tiene una pequeña empresa textil junto a su madre, que él dispone de dos cuentas corrientes separadas y que el bono fue pedido para la empresa y no para él, que, mientras duró el cierre del país, anticipó las ayudas estatales a sus empleados.

Mientras tanto, el diario progresista 'Il Fatto Quotidiano' ha recogido en 24 horas 40.000 adhesiones de ciudadanos que piden que se publiquen todos los nombres de políticos involucrados en lo que ya se conoce como 'el caso de los listillos anticovid'.