El exministro boliviano Carlos Romero, acaso la figura de mayor preso en el Gobierno de Evo Morales, fue trasladado el martes a la Fiscalía con custodia policial para declarar en un caso de supuesta corrupción. Romero, considerado por los medios de prensa como una figura imprescindible del Movimiento al Socialismo (MAS), desplazado en noviembre del poder como consecuencia de un golpe de Estado, salía de un hospital cuando fue apresado. El ex funcionario aseguró que se detención es un acto de venganza política de las autoridades interinas. Romero se desempeñaba como ministro de Gobierno (Interior). "Para la Fiscalía Romero no tenía familia, no tenía trabajo, no tenía domicilio y decide aprehenderlo", dijo su abogado, Andrés Zúñiga. Se trata del primer ministro del Gobierno saliente que enfrenta una situación judicial. "Consideramos que es ilegal", sostuvo el letrado.

El ex ministro había sido citado a declarar el lunes pasado en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de mantenimiento de aviones y helicópteros empleados para la lucha antidrogas entre 2013 y 2018 a un consorcio de empresas.

Romero no se había presentado a declarar porque se encontraba desde el viernes en una clínica con un cuadro de hipertensión, ansiedad y depresión. Las imágenes del dirigente del MAS saliendo en camilla de su casa y en silla de ruedas en su habitación del hospital, con aspecto desmejorado mientras recibía oxígeno cubierto con una manta, tuvieron un notable impacto mediático en su país.

Un grupo de personas contrarias a Morales se había instalado frente a las puertas de su casa en la zona sur paceña alegando que buscaban evitar que huya del país. Arturo Murillo, hombre que ocupa el cargo de Romero en el Gobierno interino de Jeannine Añez, descartó y que había prometido salir a "la caza" de los líderes del MAS, negó haber "movido un dedo" contra su antecesor. "No teníamos por qué hacerlo, ahora solo estamos vigilando que se cumpla la ley, si alguien quiere abusar de él, también nos pondremos al frente". Murillo consideró no obstante que no declarar ante la fiscalía, como ocurrió con Romero, "puede traer consecuencias".

LA SITUACIÓN DE OTROS EX MINISTROS

Tras la dimisión de Morales, se emitieron ordenes de detención contra los exministros de la Presidencia Juan Ramón Quintana y de Culturas Wilma Alanoca, acogidos actualmente en la residencia de la Embajada de México en La Paz. Quintana fue acusado junto con el ex mandatario de los delitos como terrorismo y sedición. El extitular de Economía Luis Arce dejó el país el pasado diciembre con un salvoconducto otorgado por el Gobierno interino boliviano, mientas que el excanciller Diego Pary y la exministra de Salud Gabriela Montaño fueron vistos en Argentina junto a Morales.

Mientras Romero era llevado a la fiscalía, aterrizaba en el aeropuerto de la región de Santa Cruz Branko Marinkovic, el dirigente de derecha que se había refugiado en Brasil 10 años atrás. Marinkovic se desempeñaba entonces como líder cívico cruceño. Una década más tarde, Luis Fernando Camacho cumplió como presidente del Comité Cívico cruceño el papel que le habría gustado efectuar con eficacia a su lejando antecesor y por el cual tuvo que abandonar Bolivia: ser puntal del movimiento político que terminó con 16 años de Gobierno del MAS. Camachom, quien aspira a ganar las elecciones presidenciales del 3 de mayo venidero al frente de una coalición conservadora, fue uno de los que se presentó en el aeropuerto para abrazar al pionero en la lucha contra Morales.