El Parlamento de Australia ha aprobado una enmienda para imponer fuertes sanciones, incluso la cárcel, a los directivos de redes sociales que publiquen contenidos extremadamente violentos. La revisión que responde al reciente ataque supremacista en Nueva Zelanda.
La controvertida medida establece penas de prisión de hasta tres años para los ejecutivos de las compañías tecnológicas que no borren inmediatamente los contenidos de actos terroristas, asesinatos, violaciones, torturas o secuestros, o una multa del 10% de la facturación anual de la plataforma.
La ley, aprobada en la Cámara de Representantes y la víspera por el Senado, requiere que las plataformas en cualquier lugar del mundo notifiquen a la Policía Federal Australiana cuando se está difundiendo el material en el país.
"Los sucesos de Christchurch nos muestran que las plataformas de internet pueden ser usadas para difundir mensajes de odio y terror", ha argumentado el fiscal general de Australia, Christian Porter, al Parlamento, para justificar las leyes.
El pasado 15 de marzo, el australiano Brenton Tarrant asesinó a 50 personas e hirió a otro medio centenar en un ataque en dos mezquitas de la ciudad neozelandesa de Christchurch, que fue transmitido en directo a través de Facebook durante 17 minutos.
El terrorista también publicó en las redes sociales un manifiesto de más de 70 páginas con su ideario extremista. Tras la masacre, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, hizo un llamamiento para silenciar los mensajes de odio, mientras que Facebook retiró 1,5 millones de vídeos del ataque y Youtube decenas de miles más.
