La inmediata crítica de algunos líderes al proyecto de nuevo marco presupuestario para una Unión Europea (UE) sin Gran Bretaña por considerarlo «excesivo» revela la falta de ambición de un sector significativo de estados en la anunciada «refundación de Europa».
Mientras la reforma de la UE encalla en las áreas ajenas a la seguridad (defensa, fronteras exteriores, control de la inmigración, antiterrorismo), la negociación del presupuesto 2021-2027 indicará hasta dónde están dispuestos a avanzar los Veintisiete en la integración europea, qué perfil socioeconómico adoptará la nueva UE y hasta qué punto son capaces los líderes de definir objetivos comunes que concilien las divergencias nacionales.
La negociación presupuestaria también mostrará si los dirigentes siguen anclados en el cortoplacismo nacional o, si ante la gravedad de las amenazas y los retos que afronta la UE en el interior y el exterior, son capaces de pensar a largo plazo en una estrategia común coherente, que asegure las libertades, el bienestar y la prosperidad a todos los ciudadanos europeos en el globalizado e inestable siglo XXI.
La primera línea divisoria ha aparecido entre los países que aceptan subir su aportación para potenciar la UE, tras la pérdida de la contribución británica de 12.000-14.000 millones de euros anuales, y quienes defienden un presupuesto más pequeño y, por tanto, una UE más débil y con menos capacidad.
Bloque de rechazo
Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca rechazan la propuesta presentada esta semana por la Comisión Europea para no aumentar su aportación, en base a un cálculo estrecho que olvida las ventajas económicas y comerciales que obtienen de los fondos europeos invertidos en los otros países, que refuerzan la estabilidad del continente y impulsan un mercado común más boyante.
Más de una docena de estados, encabezados por Alemania y Francia, están dispuestos a aportar más para suplir el hueco del brexit. Pero Alemania ha advertido que éste debe ser un esfuerzo colectivo de todos y que no asumirá sacrificios en solitario.
El proyecto de la Comisión Europea fija un gasto anual equivalente de media al 1,11% de la renta nacional bruta de la UE, que incluso es inferior al 1,13% del periodo actual 2014-2020 de los Veintisiete (excluida Gran Bretaña), pese a incorporar el Fondo Europeo de Desarrollo que ahora aún se contabiliza aparte. Se trata de un porcentaje muy bajo que limita el impacto socioeconómico del presupuesto de la UE y es significativamente inferior al 1,25% del periodo 1993-1999, cuando los principales líderes de la UE tenían un claro proyecto político.
La segunda línea divisoria entre los estados es la propuesta de reducir en un 5% el presupuesto agrícola, que perjudica especialmente a Francia, España, Italia, Irlanda, Polonia y Hungría y que recortará los ingresos a una población rural que ya se encuentra sometida a fuertes dificultades. La Comisión Europea propone fijar un techo de ayuda máxima a las grandes explotaciones para no recortar las ayudas directas a los pequeños y medianos agricultores.
La Comisión Europea ya presentó una propuesta similar en el 2011, pero entonces los gobiernos prefirieron primar los intereses de las compañías agrarias y los grandes terratenientes, por lo que no hay nada que indique que ahora no vuelvan a sacrificar a los pequeños agricultores.
La tercera línea divisoria es el recorte de más del 6% en los fondos regionales y de cohesión, que perjudica en especial a los países del Este y que debilitará su inversión pública y su crecimiento. La pérdida de fondos en el Este se verá reforzada por la introducción de nuevos criterios en la distribución de las ayudas que favorecen a Europa Occidental, como el nivel de desempleo (España, Italia, Francia) y la integración de los inmigrantes (Alemania, Italia, Suecia, Austria y Dinamarca).
Más instrumentos
Las partidas que más crecen y se potencian en el nuevo marco presupuestario (innovación e investigación, programa digital y fondo de defensa) beneficiarán en particular a los países occidentales, que disponen de compañías y grupos industriales mejor posicionados para captar esas ayudas.
El proyecto presupuestario se complementa con dos nuevos instrumentos para mejorar la capacidad de los países de la eurozona para capear las crisis y amortiguar el impacto de las reformas económicas y laborales, con 55.000 millones para el periodo 2021-2027. Sin embargo, su importe resulta limitado y su efectividad para reforzar políticamente la eurozona dependerá de las condiciones que se exijan al país para poder beneficiarse de esas ayudas y préstamos, y si éstas siguen siendo draconianas como hasta ahora.
