La Comisión Europea criticó ayer la decisión del Gobierno belga de imponer a los periodistas una acreditación de pago para poder cubrir las cumbres de la Unión Europea en Bruselas. La Comisión aseguró estar dispuesta a examinar todas las medidas posibles contra esta medida, considerada «discriminatoria» por las asociaciones profesionales.
«La idea no nos gusta», declaró la portavoz adjunta de la Comisión, Mina Andreeva, durante la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario. «La Comisión, en tanto que guardián de los tratados, puede emprender denuncias, y las examinará sobre la base del derecho», amenazó. Aseguran que se trata de una medida «sin precedentes» y muestran su preocupación sobre la naturaleza discriminatoria de esta decisión, ya que periodistas freelance, agencias o medios de comunicación pequeños no podrán costear estos pagos.
El Gobierno belga ha instaurado una tasa de 50 euros semestrales para cubrir los gastos generados por los controles de seguridad impuestos en los accesos a los «lugares sensibles», entre ellos las instalaciones que acogen las reuniones semestrales de los dirigentes de los Veintiocho en Bruselas. La información fue comunicada a los periodistas en el proceso de acreditación para la cumbre del 18 de octubre.
Aparecía como un aviso «importante» en el formulario para solicitar la acreditación, colgado en internet por el Consejo Europeo. «Desde el 1 de junio del 2018, una nueva legislación belga prevé un cargo de 50 euros a pagar por los empleadores de toda persona que sea objeto de un control de seguridad efectuado por la autoridades belgas. Este control tiene actualmente una validez de seis meses. La factura será enviada a vuestro empleador por las autoridades belgas», precisa el aviso. El Consejo Europeo, que respresenta a los estados miembros, subraya que la medida le ha sido impuesta por las autoridades belgas.
La Asociación Internacional de la Prensa (API) y la Asociación General de Periodistas Profesionales de Bélgica (AGJPB) han enviado cartas de protesta al Ejecutivo belga y han reclamado al primer ministro, Charles Michel, «abandonar inmediatamente» esta tasa, al entender que supone «una violación de la libertad de informar».
