El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, revocó dos decretos firmados en mayo que facilitaba la compra y porte de armas de fuego, pero propuso otras tres medidas para su flexibilización con el fin de ajustarse a las exigencias del Congreso.
Bajo la presión del Congreso brasileño, que ya dio un primer paso en contra de la medida, Bolsonaro revocó los decretos y emitió otros tres para adaptarse a los cambios solicitados por el Legislativo, según una edición extraordinaria publicada en el Diario Oficial de la Unión.
Los nuevos decretos tratan por separado de la flexibilización de las armas para cazadores, la adquisición y tenencia de armas de fuego y el registro y comercialización. El presidente también decidió enviar un proyecto de ley al Congreso para modificar la legislación sobre el asunto, aunque hasta el momento no especificó su contenido.
DERROTAS LEGISLATIVAS
El Gobierno brasileño estudiaba alternativas para evitar una nueva derrota en el Congreso, después de que el Senado rechazara la semana pasada los decretos promulgados por Bolsonaro, en el poder desde el pasado 1 de enero.
La mayoría de los senadores consideró que tal como había afirmado la Comisión de Constitución y Justicia de esa cámara, una materia de esa naturaleza no puede ser decidida por decreto y solo se puede tramitar si es como proyecto de ley. El decreto estaba a la espera de análisis en la Cámara de los Diputados, que tiene la última palabra, y el Tribunal Supremo tenía pendiente también juzgar una petición de anulación.
Al cambiar la ley sobre la tenencia de armas por decreto, Bolsonaro afirmó el pasado mes de mayo que su decisión responde a que "el pueblo soberano decidió" a favor de la venta de armas en un referéndum celebrado hace 13 años.
AUTODEFENSA
La flexibilización en la tenencia de armas y la promoción de la "autodefensa" en la sociedad frente a la delincuencia fueron algunas de las principales promesas de campaña de Bolsonaro, un capitán de la reserva del Ejército que llegó al poder tras vencer al progresista Fernando Haddad, sucesor de Luiz Inácio Lula da Silva en la carrera electoral.
El decreto firmado en mayo generó una ola de rechazo entre diversos sectores de la sociedad, incluidos organismos de derechos humanos que argumentan que la medida puede incrementar la violencia en el país.
