Los travestidos y transexuales que están presos en Brasil obtuvieron este viernes el derecho a decidir si quieren permanecer en presidios masculinos o si prefieren ser recluidos en cárceles femeninas.

El beneficio fue concedido por el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), que aprobó una resolución que obliga a los jueces a consultar a las personas que se declaran transexuales o travestidos sobre el tipo de presidio en el que prefieren permanecer presos.

De acuerdo con la resolución del organismo gestor del Poder Judicial en Brasil, estos presos también tienen derecho a decidir si, dentro de los presidios masculinos o femeninos, quieren convivir con los reclusos en general o permanecer en los pabellones destinados a la población LGBTI (Lesbianas, homosexuales, bisexuales, travestidos e intersexuales).

Según el Consejo Nacional de Justicia, que es comandado por el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Luiz Fux, los presos que se declaran homosexuales y lesbianas sí tienen que ser recluidos en presidios masculinos y femeninos, respectivamente, pero podrán declarar su preferencia por un pabellón o una celda específica para las personas con su opción sexual.

El organismo dejó claro que la decisión siempre será del juez responsable por la condena o del juez de ejecuciones penales, pero que los magistrados tendrán que tener en cuanta lo que declaren los presos sobre su identidad de género y orientación sexual.

Igualmente tendrán que tener en cuenta si el preso en cuestión no representa riesgo para los demás reclusos de la unidad a la que se les destine.

"El juez tendrá que fundamentar su decisión. Podrá negar, por ejemplo, la petición de un travestido condenado por varios crímenes sexuales que manifieste su deseo de ser recluido en una celta solo con mujeres", según el ponente de la propuesta, el consejero Mario Guerreiro.

La resolución establece igualmente que mujeres lesbianas, travestidas o transexuales tendrán los mismos derechos que las demás mujeres, especialmente si son madres, responsables por menores de 12 años, están embarazadas o están alimentando a sus bebé con leche materna.

En estos casos la detención provisional sólo se justifica en casos excepcionales.

El consejero que propuso la medida hace más de un año alegó que la decisión busca garantizar derechos de personas sometidas a situaciones humillantes.

"Esas personas están sujetas dentro de los presidios a un infierno en la tierra. No podemos ignorar lo que está ocurriendo. Son violadas y maltratadas todos los días, y contraen enfermedades", afirmó.

Según el Consejo Nacional de Justicia, el plazo para que jueces y el sistema penal se adapten para implantar la medida es de 90 días.

En la justificación de la decisión, el ponente afirmó que el artículo quinto de la Constitución brasileña garantiza "que nadie será sometido a tortura ni a tratamiento inhumano o degradante".

Igualmente citó artículos de la convención sobre Principios de Yogyakarta, que la comunidad internacional aprobó en 2007 y que buscan garantizar los derechos humanos de las personas en relación a su orientación sexual e identidad de género.

"Con esta resolución, Brasil da un paso importante en el fortalecimiento de la tutela de las minorías y en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana", afirmó Fux.

De acuerdo con los datos analizados por la CNJ, Brasil lidera la clasificación mundial de violencia contra los transgéneros, cuya expectativa de vida no supera los 35 años en el país.

Según los datos del Departamento Penitenciario Nacional (Depen), en Brasil sólo hay 36 unidades carcelarias con pabellones destinados a presos de la comunidad LGBTI, lo que representa el 3 % del total de presidios y cárceles del país.