El día siguiente del emotivo apagado de la llama olímpica en el Maracaná, que marcó el punto final de los Juegos Olímpicos de Río 2016, los 204 millones de habitantes de Brasil se despertaron conscientes de que 10.452 millones de euros se habían esfumado de las arcas públicas del país para no volver jamás. Si bien es cierto que el relativo éxito de los primeros Juegos organizados en un país de Sudamérica había servido para recomponer momentáneamente el maltrecho orgullo de los anfitriones, sumidos en la peor crisis económica en los últimos 25 años, la resaca de la fiesta olímpica evidenció que, más allá de la mejora en la imagen internacional, la orgía del deporte no dejó ni rastro del legado económico que se le suponía años atrás.
Por si fuera poco, los habitantes de la ‘Cidade Maravilhosa’ deberán asumir el pago de los 68 millones de euros extra que la celebración de los Juegos Paralímpicos, entre el 7 y el 18 de septiembre, supondrá en una de las ciudades más castigadas por la recesión en todo el país y que suele conocerse como la 'Venezuela brasileña' ya que una gran parte de sus ingresos provienen del debilitado sector petrolífero. “Nunca antes a lo largo de los 56 años de historia de los Juegos Paralímpicos nos habíamos enfrentado a tales circunstancias”, sentenció el presidente del Comité Paralímpico Internacional (CPI), Philip Craven.
FUNCIONARIOS SIN NÓMINAS
Un mal menor si se piensa que el Gobierno del Estado de Río de Janeiro, que se declaró en bancarrota apenas dos meses antes de Río 2016, deberá devolver cerca de 700 millones de euros a sus acreedores en los próximos seis meses lo que le valió una nueva rebaja de la nota del crédito, de B- a CCC-, por la agencia de calificación de riesgo Standard & Poor'sesta semana. Es decir, Río de Janeiro quemó sus últimos cartuchos con las olimpiadas y es muy posible que en los próximos meses sus policías, profesores, médicos o bomberos no reciban sus nóminas. Las grandes huelgas de funcionarios de principios de año podrían paralizar nuevamente la ciudad mientras que la situación en la sanidad pública o de la seguridad ciudadana se vuelve sencillamente insostenible.
Mientras tanto, en Brasilia, el presidente interino Michel Temer espera en silencio la caída definitiva de Dilma Rousseff para iniciar recortes masivos del gasto público, reformar el sistema de pensiones y lanzar el programa de privatizaciones más ambicioso de la historia de Brasil. Para regocijo de las grandes corporaciones brasileñas e internacionales, incluso españolas, el ‘Plan Temer’ intentará recaudar 10.000 millones de euros a base de privatizaciones estratégicas,concesiones y asociaciones público-privadas. "Privatizaremos todo lo que se pueda", declaró sin reparos Temer durante una reunión con la élite empresarial del país en julio. Por ello de no es de extrañar que la Federación de Industrias de Sao Paulo (FIESP), la mayor patronal de Brasil, estuviese por detrás de las grandes manifestaciones a favor del proceso contra Rousseff en la capital económica del país.
EL PASTEL DE PETROBRAS
La gran liquidación del gigante sudamericano que se avecina tendrá al sector de los transportes y energético como los principales sacrificados. La guinda del pastel será la privatización parcial de la petrolera semiestatal Petrobras. La mayor empresa del país, y origen del escándalo de corrupción que dinamitó la política brasileña, perderá su monopolio para la explotación de los 176.000 millones de barriles de las reservas de aguas superprofundas del 'pré-sal'. Un negocio redondo que, según Wikileaks, comenzó a gestarse en el 2009 entre la petrolera Chevron y el actual ministro de Exteriores, José Serra. Coincidencia o no, es evidente que los tiempos en los que las políticas sociales sacaron a 35 millones de brasileños de la miseria han quedado atrás. El giro neoliberal de Brasil comienza este mismo lunes.
