La compra de permisos de residencia e incluso la obtención de la ciudadanía de un Estado miembro, previo pago de una suma de dinero, se ha convertido en un lucrativo negocio para algunos países de la Unión Europea. Pero esta práctica, que garantiza el acceso a la ciudadanía europea y de paso a la libre circulación dentro del mercado europeo, esconde riesgos importantes en términos de seguridad al facilitar el blanqueo de capitales, la evasión fiscal o la corrupción por parte de grupos criminales.
La conclusión figura en el primer informe sobre los llamados «pasaportes y visados de oro» elaborado recientemente por la Comisión Europea que alerta de la falta de transparencia y de cooperación de los gobiernos europeos en este ámbito.
«Las personas que obtienen la nacionalidad europea deben tener una conexión genuina con el Estado miembro concernido. Queremos más transparencia sobre cómo se conceden y más cooperación entre los estados miembros. No debería haber puntos débiles en la UE porque la gente podría buscar el esquema más benévolo», advierte la comisaria de Justicia, Vera Jourova, que considera que estos programas permiten «abrir una puerta de oro para unas personas privilegiadas que tienen de dinero».
MENOR RIGIDEZ / Según el estudio del Ejecutivo comunitario, hay tres país en la UE -Malta, Chipre y Bulgaria- que disponen de esquemas mucho menos estrictos que el resto de Estados miembros a la hora de conceder la ciudadanía a las personas que invierten una determinada cantidad en el país. Por ejemplo, en ellos no existe la obligación de que el individuo resida físicamente en el país ni se exige el requisito de tener una «conexión genuina» para obtener la ciudadanía. Dicho de otra forma, los inversores extranjeros pueden comprar un pasaporte, y el derecho a moverse por toda la Unión y ejercer cualquier tipo de actividad económica, tras un desembolso previo de entre 800.000 y dos millones de euros. Un privilegio legal, admite Bruselas, que esconde riesgos en materia de seguridad, de blanqueo de dinero, evasión fiscal o simplemente falta de transparencia.
En el caso de Bulgaria, el Gobierno exige desde el 2005 para conceder el pasaporte una inversión general de un millón de euros aunque las autoridades ya han anunciado su intención de poner fin al esquema. En Chipre, que introdujo el sistema en el 2007, el montante asciende a los 2 millones de euros, incluida la compra de una vivienda mientras que en Malta, desde el 2013, la contribución debe ser de mínimo 650.000 euros más una inversión de 150.000 en el mercado inmobiliario. En el caso concreto de Chipre y Malta se exigen inversiones adicionales para conceder la ciudadanía a miembros de la familia como esposa o hijos.
VISADOS DE ORO EN 20 PAÍSES / El informe también alerta de los riesgos que suscitan los llamados «visados de oro» o permisos de residencia que otorgan la posibilidad de residir en un Estado miembro en concreto pero que permiten a aquellos que los obtienen desplazarse con total libertad dentro del espacio Schengen durante un periodo de 90 días en un plazo de 180. Actualmente hay 20 países de la UE que tienen algún esquema de este tipo -Bulgaria, República Checa, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Reino Unido- que no están regulados a nivel europeo y cuya competencia es nacional.
Los requisitos para obtener los permisos de residencia por esta vía, que empezó a extenderse a raíz de la crisis económica del 2007, varían enormemente en función del Estado miembro en cuestión. Por ejemplo, estos requisitos oscilan entre una inversión exigida de 13.500 euros en Croacia y los más de 5 millones que se exigen en Luxemburgo en forma de inversiones de capital en el sector inmobiliario y otros sectores.
