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AMENAZA YIHADISTA

Bruselas propone ampliar a tres años los controles fronterizos por amenaza a la seguridad

La Comisión Europea reclama a los gobiernos de la UE que aceleren la expulsión de inmigrantes ilegales

 

Dos policías y un militar, junto al hombre abatido ayer en Bruselas. - AFP

SILVIA MARTÍNEZ
27/09/2017

Los últimos atentados en Europa, desde París a Barcelona, han demostrado que las reglas que rigen el espacio de libre circulación de Schengen no son suficientes para hacer frente a la amenaza terrorista. La ausencia de controles internos hace que muchos potenciales terroristas atraviesen países con demasiada facilidad sin que las autoridades se percaten de ello. La Comisión Europea ha propuesto este miércoles ampliar a tres años esos controles temporales aunque solo será posible en casos excepcionales, por motivos de seguridad.

"En un area sin controles, las amenazas transfronterizas amenazan la seguridad. Esto significa que hay que buscar un equilibrio entre la libertad de movimiento y la necesidad de responder a la amenaza a la seguridad", justifica el comisario de Inmigranción, Dimitrios Avramopoulos. Según las reglas actuales, los países del espacio Schengen ya pueden restablecer los controles policiales en sus fronteras cuando constatan la existencia de una amenaza grave a su seguridad u orden interno.

Las normas prevén un período inicial de 30 días ampliable a seis meses y prorrogable hasta los dos años en casos excepcionales. Un grupo de países, liderados por Francia y Alemania, propusieron hace unas semanas ampliar el plazo máximo de dos a cuatro años. Bruselas ha recogido esa preocupación y la ha trasladado a una nueva propuesta aunque con un límite temporal ligeramente inferior: tres años.

Amenaza persistente
"Excepcionalmente, si transcurrido un año la amenaza persiste, y si el Estado miembro ha adoptado medidas nacionales excepcionales para afrontar la amenaza -como el estado de emergencia-, los controles internos podrían prorrogarse durante un máximo de dos años", argumentan. Para que sea posible, el Consejo tendrá que adoptar una recomendación, previa notificación del Estado a la Comisión, y posterior análisis de riesgos para determinar si la reintroducción de controles es "el último recurso", evaluar la duración prevista de la amenaza, identificar las fronteras que se verán afectadas y los motivos y argumentar por qué los controles policiales ayudarán a contener la amenaza.

La reintroducción temporal seguirá siendo una medida "excepcional" y "el último recurso" para limitar el impacto que una medida de ese calado tiene en la libre circulación de personas, uno de los pilares de la UE. "Schengen debe ser preservado. Si Schengen muere temo que será el principio del final de Europa", dramatiza Avramopoulos.

Actualmente, cinco países del espacio Schengen -Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia y Noruega- siguen aplicando controles fronterizos internos en respuesta a la crisis migratoria desatada en 2015 y la deficiente gestión de las fronteras exteriores. El plazo límite expira en noviembre y Bruselas ha dejado claro que a partir de entonces no tendrán justificación. Quien lo desee, no obstante, sí podrá invocar la amenaza terrorista y cambiar de base legal para mantener los controles pero necesitará el visto bueno previo de la Comisión Europea que evaluará caso a caso.

Más devoluciones y reasentamiento
Más allá de la seguridad, el otro gran foco de preocupación en Bruselas es la inmigración. Con "la situación bajo control", la Comisión Europea cree que ha llegado el momento de acelerar las expulsiones de todos aquellos que no cumplen los requisitos. "Necesitamos ser brutalmente honestos. La gente que no tiene derecho a quedarse en Europa tiene que ser devuelta. Nuestro objetivo es simple. Necesitamos aumentar el numero de retornos", ha avisado Avramopoulos.

Actualmente, solo el 36% de los sin papeles son devueltos y la Comisión Europea estima que hay del orden de 1,5 millones en situación irregular. "Un sistema efectivo de retorno es la única forma de mostrar solidaridad con aquellos refugiados que necesitan protección" y "dada la insatisfactoria situación es esencial adoptar esfuerzos adicionales", insiste el Ejecutivo. Bruselas también ha propuesto a los gobiernos ofrecer 50.000 plazas adicionales al reasentamiento de refugiados de países del norte de África como Libia, Egipto, Níger o Etiopía con una ayuda de 10.000 euros por refugiado acogido.