De África y Oriente Próximo llegan las decenas de miles de inmigrantes que han desembarcado en los últimos meses en las playas de Italia y Grecia. Y al continente vecino se dirige la enésima propuesta adoptada por la Comisión Europea para frenar la inmigración ilegal hacia Europa. Bruselas propone negociar nuevos acuerdos a la carta -en la lógica del pacto suscrito con Turquía- para impedir la llegada de más inmigrantes sin papeles a Europa. Un nuevo enfoque que gira en torno a dos premisas: incentivos para premiar a los países que colaboren y castigos para aquellos que no acepten el retorno de inmigrantes.

“Tenemos que cambiar el modelo” y “hay que centrarse en África”, justifica la alta representante para la política exterior de la UE,Federica Mogherini, que recuerda que el problema migratorio al que se enfrenta Europa no solo no va a desaparecer sino que se agravará con el aumento de las desigualdades y fenómenos como el cambio climático. En Bruselas entienden que el denostado pacto con Turquía ha dado sus frutos -“nos guste o no ha tenido resultados y ha sido así porque los Estados miembros han puesto recursos financieros y capital político”, aseguran técnicos de la casa- y ese debe ser el modelo a seguir.

El nuevo enfoque se basa en la tan utilizada estrategia del palo y la zanahoria. Incentivos en forma de ayuda e inversiones a los países de tránsito y origen que colaboren. Pero con castigos para aquellos que no accedan a cooperar en forma de retirada de la ayuda al desarrollo, de aumento de las tarifas comerciales que les permiten exportar a la UE en condiciones ventajosas y hasta de limitación de visados a estudiantes e investigadores. “Se trata de premiar a quienes ayudan y de que haya consecuencias para quienes no colaboran”, sostiene el vicepresidente de la Comisión Europea,Frans Timmermans. “Si no hay incentivos negativos, se pierde parte del poder de presión”, justifican desde sus servicios.

La Comisión Europea propone empezar a negociar esos pactos, además de con Jordania y Líbano -con quienes ya han iniciado el diálogo-, con otros cinco países africanos. Se trata de Nigeria,Níger, Senegal, Etiopía y Mali, escogidos por ser importantes países de origen y de tránsito de la inmigración que tiene como destino Europa. La idea, no obstante, es ampliar la lista y aumentar la cooperación con países como Túnez o Libia aunque por ahora queda descartado por ejemplo Marruecos, cuyas relaciones con la UE no atraviesan por su mejor momento.

AUMENTAR LAS REPATRIACIONES

Detrás del enfoque, dos objetivos. A corto plazo: frenar las muertes en el Mediterráneo y aumentar la tasa de repatriación de inmigrantes ilegales que no alcanza ni el 40% para que los inmigrantes entiendan que no tiene sentido arriesgar la vida cruzando el mar. “La readmisión debe ser un elemento central y si se quiere tener una política creíble hay que elevar la tasa. Hay que fijarse objetivos. Es el espíritu en el que hay que trabajar”, explica un alto funcionario europeo. A medio y largo plazo el objetivo es participar en el desarrollo de esos países. La clave del éxito, aseguran, está en que instituciones europeas y Estados miembros sean igual de ambiciosos en la inversión económica y política.

El plan nace limitado en el terreno financiero. Bruselas planea destinar 8.000 millones de euros entre el 2016 y el 2020 para ayudar a todos los países africanos -a Turquía le prometió 6.000 millones- aunque el grueso de estos fondos es dinero ya comprometido. A largo plazo, propone crear un nuevo fondo de inversiones, en la línea del utilizado para financiar el plan Juncker, para ayudar a combatir los problemas estructurales. La idea es destinar 3.100 millones del presupuesto comunitario y que los Estados miembros destinen la misma cantidad. En total 6.200 millones que podrían llegar a generar 62.000 millones en inversiones públicas y privadas. “Solo será posible si hay voluntad”, auguran.