Miles de personas celebraron este viernes las ocho semanas que han transcurrido desde que comenzó el mayor estallido social de la democracia chilena con un concierto "por la dignidad" que reunió a míticos grupos locales de canción protesta como "Inti-Illimani", "Illapu" y "The Bunkers".

Se trata de una las convocatorias más multitudinarias de las últimas semanas, que transcurrió en su mayoría en un ambiente pacífico y festivo y que evidenció que sigue existiendo gran descontento en las calles.

Alrededor de un enorme camión convertido en tarima situado a pocos metros de Plaza Italia, la zona cero de las protestas y renombrada por los manifestantes como "Plaza Dignidad", miles de personas corearon algunas de las canciones protesta más famosas de los últimos años y portaron todo tipo de pancartas contra el Gobierno, la desigualdad y la represión.

"Estos grupos siempre nos han representado a nosotros, al pueblo, esto es histórico", dijo a Efe Francisca Videla, una joven de 21 años, para quien el Gobierno "sigue sin entender lo que demandan los manifestantes" y da "bonos y migajas para amortiguar las protestas".

Tanto "Inti-Illimani" como "Illapu" son grupos que llevan décadas en el panorama musical chileno, que cobraron relevancia durante el gobierno del derrocado presidente socialista Salvador Allende (1970-1973) y que fueron muy críticos con la posterior dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

"The Bunker", por su parte, es una de las principales bandas de pop-rock del país andino. Con éxitos como "Miño" o "Llueve sobre la ciudad", llevaban cinco años alejados de los escenarios.

El denominado "Concierto por la dignidad" se convocó a través de las redes sociales, como el resto de manifestantes en los últimos dos meses, no contó con el permiso de la Intendencia de la Región Metropolitana, lo que al inicio del día despertó rumores de una posible cancelación.

"Este concierto es muestra de la unión del pueblo y de la importancia que Chile le ha dado siempre a la cultura como herramienta reivindicativa", aseguró a Efe la universitaria Julia Quesada.

Chile vive desde el 18 de octubre la convulsión social más grave desde el fin de la dictadura de Pinochet, que ya se ha cobrado la vida de al menos 24 personas y ha provocado miles de heridos, además de graves acusaciones contra las fuerzas de seguridad y enormes pérdidas económicas.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dirigida por la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, presentó precisamente este viernes un informe en el que denuncia que se han cometido "un elevado número de violaciones de derechos humanos" durante las protestas, como el uso excesivo de la fuerza, torturas, violencia sexual o detenciones arbitrarias.

El informe se suma a los presentados anteriormente por otros organismos como Amnistía Internacional, Human Right Watch o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Gobierno ha reconocido algunos "abusos" y se ha comprometido a investigar los hechos, pero ha criticado duramente todos los informes.

Lo que empezó siendo un llamamiento de los estudiantes a colarse en el metro de Santiago para protestar contra el aumento de la tarifa se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo que no tiene visos de apaciguarse, pese a las medidas anunciadas por el Gobierno y al histórico acuerdo parlamentaria para enterrar la Constitución heredada de la dictadura.

Las marchas empezaron siendo multitudinarias y pacíficas, pero fueron perdiendo peso con los días, hasta este viernes, y empezaron a sucederse episodios de extrema violencia con saqueos, incendios y barricadas en distintas zonas del país.