La crisis chilena ha dejado ya de ser solamente política. Octubre, cuando se iniciaron las protestas contra la desigualdad social, dibujó de rojo los números de la economía. Se esperaba un crecimiento del 0,5% pero la actividad cayó un 3,4 % respecto al mismo mes del 2018. «Recesión es una palabra dura pero esa opción no es descartable», dijo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y sonaron las alarmas.

Frente a esta situación, el Gobierno de derechas anunció con prisas un programa de «recuperación» del empleo y las pequeñas y medianas empresas por valor de 5.500 millones de dólares. Asimismo, el presidente Sebastián Piñera comunicó ayer por la mañana el envio al Congreso de un proyecto de ley para otorgar antes de que concluya diciembre un bono familiar de 125 dólares a los sectores más castigados. El beneficio alcanzará a seis millones de personas que han restringido su consumo. «Yo sé que los bonos no resuelven los problemas», reconoció Piñera.

El conflicto en las calles ha obligado a corregir las previsiones del 2019. Los cálculos de un aumento anual del PIB del 2,3% ya no tienen sustento real. La economía tendría, no obstante, una mejora entre el 1% y el 1,5% este año si es que no se convierten en amarga realidad los escenarios que contempla Briones. El Banco Central tuvo que intervenir el mercado vendiendo 20.000 millones de dólares para evitar el derrumbe del peso. Las previsiones inflacionarias se han modificado negativamente. Es en medio de este nuevo frente de tormenta que, según el portal El Mostrador, Piñera se juega «todas sus cartas» para reactivar la actividad.

Briones pidió a la oposición acompañar al Gobierno. «Hago un llamamiento a la responsabilidad de todos los sectores, todos tenemos que contribuir a ser respetuosos con las reglas», dijo. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, aseguró sin embargo que el esfuerzo de las autoridades, que incluye otras medidas sociales como la rebaja del precios de los medicamentos, será en vano si el país no «recupera el orden público» más de 40 días después del inicio de las protestas, que han provocado al menos 23 muertos y centenares de heridos. El conflicto debe enfriarse. De lo contario, advirtió el ministro, «ninguna de estas agendas va a poder desarrollarse efectivamente». El Gobierno estima que el daño en infraestructuras alcanza los 4.500 millones de dólares y afectará a cerca 300.000 empleos. La crisis, señalan otros especialistas, ya tiene efectos económicos equiparables a los del terremoto del 2010.