China es la mayor amenaza contra el sistema global de derechos humanos desde mediados del siglo pasado y los gobiernos de todo el mundo deberían unirse para evitar que la ofensiva de Xi Jinping llegue a buen puerto. Esa es la contundente conclusión que se extrae del informe que Human Rights Watch (HRW) elabora anualmente sobre la materia y en la que la oenegé señala que el Ejecutivo de Pekín está externalizando las prácticas de dominio y vigilancia que ha venido consolidando en su propio territorio en aras de proteger sus variopintos intereses en el ámbito internacional.

En juego está la evolución que han experimentado las libertades civiles en buena parte del planeta en las últimas décadas, con millones de personas «viviendo sin temor a encarcelamientos arbitrarios y torturas», entre otras lacras, según la organización.

Pese a la dificultad de la tarea, China se sirve «cada vez más» de su gran poderío económico y de su innegable influencia diplomática para «evitar tener que rendir cuentas por su actuación represiva», según declara Kenneth Roth, director ejecutivo de la oenegé HRW.