La disputa política entre la Asamblea Nacional (AN) y Nicolás Maduro sigue en un ascenso de resultados impredecibles. El Congreso aprobó una ley de “amnistía y reconciliación nacional” que busca beneficiar a los presos por los incidentes poselectorales que dejaron 43 muertos. La amnistía debería alcanzar a unos 75 disidentes, entre ellos Leopoldo López, condenado en septiembre pasado a casi 14 años de cárcel. Según Julio Borges, jefe de la bancada opositora, este es un “un paso fundamental y obligatorio” para que Venezuela “no siga siendo un país dividido” y “podamos tener el orgullo de caminar hacia el mismo futuro y hacia el mismo destino”.

En rigor, la ley no tiene una aplicación directa: es una exhortación al Ejecutivo para que cumpla con los dictámenes de los organismos internacionales de derechos humanos que se pronunciaron a favor de la liberación de los presos. “Como si al chavismo en el poder le conmoviera la opinión internacional (o nacional) sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela”, señaló Jorge Sayegh en el portal Contrapunto. Según el analista, más temprano que tarde, laMesa de Unidad Democrática (MUD), la coalición que cuenta con mayoría calificada en la legislatura, agotará “las formalidades institucionales” y promoverá una ley menos ambigua.

IMPUNIDAD Y AMNESIA

Por lo pronto, y mientras llega ese momento, diputados de la MUD celebraron el martes esta aprobación al grito de “libertad, libertad, libertad”. El jefe de la bancada del Gran Polo Patriótico (chavismo), Héctor Rodríguez, la llamó la “ley de amnesia criminal”. Para Rodríguez, los opositores encarcelados son “terroristas”. Diosdado Cabello, que hasta el año pasado manejó la AN a su antojo, advirtió: “Aquí ustedes pueden hacer lo que quieran, pero esa ley de impunidad no va a ser ejercida ni ejecutada". Cabello dio por descontado que el presidente Nicolás Maduro vetará esa norma.

La MUD ha programado una manifestación en respaldo de la ley el próximo sábado. El chavismo analiza la posibilidad de ganar también la calle para respaldar al Gobierno. Más allá de la guerra retórica y por el espacio público entre ambos bandos, los analistas coinciden en que es muy difícil que entre en vigor la amnistía en la medida que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) siga siendo leal al Gobierno.

ENMIENDAS A LA CARTA MAGNA

El actual presidente del Congreso, Henry Ramos Allup, cree que “el Gobierno en agonía y el mal llamado Alto Mando Militar saldrán del poder por la vía democrática”. La hoja de ruta que ha esbozado Ramos Allup en público contempla tres enmiendas de la Carta Magna para reducir el mandato de Maduro, y los períodos del TSJ y la misma AN. “De este modo, iríamos todos a consulta de la voluntad popular, a ver quién supera ese escrutinio”, señaló.

Todo esto ocurre en medio de la profundización de la crisis económica. Maduro acaba de sacar a Luis Salas del Ministerio de Economía Productiva. Salas, que había asumido como ministro el 18 de enero, abandonó el cargo alegando problemas familiares. Lo reemplazaMiguel Pérez Abad, actual ministro de Industria y Comercio.