La justicia federal ha iniciado una investigación relacionada con los negocios inmobiliarios de Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, el actual diputado Máximo Kirchner. El fiscal Carlos Rívolo quiere saber si la expresidenta cometió los delitos de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos. El expediente está en manos del juez Claudio Bonadio, quien ya fue recusado por Fernández de Kirchner en el marco de otra causa por la fijación del precio del dólar.

Bonadio dispuso el secreto de sumario en una causa iniciada tras una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer (centro-izquierda). El fiscal ha puesto su lupa en la sociedad Los Sauces, que involucra a empresas de Lázaro Báez, el empresario de la construcción detenido en el marco de una resonante causa por supuesto lavado de dinero, y el magnate del juego Cristóbal López, a quienes le alquilaba inmuebles. “Es una causa oportuna y necesaria: solo mirando los documentos se ven los delitos”, dijo Stolbizer, en la actualidad aliada del presidente Mauricio Macri.

Los medios argentinos no dan abasto de tantas noticias judiciales. En la misma tarde del lunes, el juez federal Sebastián Casanello, quien investiga las cuentas del presidente Mauricio Macri y su familia reveladas por los'papeles de Panamá', envió una consulta a las autoridades de los países donde funcionan paraísos fiscales. La preguntas de Casanello son precisas: en principio quiere saber si el presidente figura como accionista en las firmas Fleg Trading LTD(Bahamas) y Kagemusha S.A .(Panamá). El fiscal de la causa, Federico Delgado, trata de determinar si Macri omitió maliciosamente esos datos al presentar su declaración jurada.

CAUSAS SENSIBLES

Casanello es un juez que tiene en sus manos causas muy sensibles. Le toca investigar a Lázaro Báez, sospechoso de haber sido testaferro de Néstor Kirchner, e iluminar las zonas confusas de lo que se reveló en los 'papeles de Panamá'. El magistrado busca saber “la composición de las firmas que se detallan, su giro comercial y financiero y en base a ello establecer su posible vinculación con la maniobra investigada en la causa”. Macri ha asegurado que no cometió ningún delito. El Gobierno explicó a su vez que la sociedad era de su padre, que sí la declaró, y que el mandatario jamás había tenido participación en el capital ni había percibido fondos por esa firma ni por ninguna otra que no tuviera declarada.

Entretanto, el nombre del secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, apareció salpicado por los 'papeles de Panamá'. Su suegro y su cuñado, Martín Ascónape y Matías Ascónape, respectivamente, tienen en una firma 'offshore' en Panamá. La familia Ascónape es habitual contribuyente en las campañas de Macri.