No está en la diana legal personalmente, pero Donald Trump afronta desde ayer un nuevo quebradero de cabeza. El Comité Nacional Demócrata ha presentado ante un tribunal federal de Nueva York una demanda en la que acusan al Gobierno de Rusia, a altos cargos de la campaña y el equipo del presidente de Estados Unidos, a WikiLeaks y su fundador, Julian Assange, de haber conspirado para interferir en las elecciones estadounidenses y dañar a su candidata, Hillary Clinton. Y aunque queda por ver si la demanda prospera, de momento ha conseguido volver de nuevo los focos hacia las sospechas que ya investigan el fiscal especial Robert Mueller y un comité del Senado.

«Durante la campaña presidencial del 2016, Rusia lanzó un ataque a nuestra democracia y encontró un aliado voluntarioso y activo en la campaña de Donald Trump», se lee en la demanda, un documento de 66 páginas que hace un detallado recorrido por toda la crisis, principalmente con información que ya era pública. «Fue un acto de traición previamente inimaginable: la campaña del nominado presidencial de uno de los dos grandes partidos confabulada con un poder extranjero hostil para mejorar sus opciones de ganar».

La demanda llega a definir al equipo del presidente como «organización criminal». Nombra a varios individuos de ese equipo, incluyendo uno de los hijos del presidente, Donald Trump Jr., y su yerno y ahora asesor en la Casa Blanca, Jared Kushner, así como a tres personas ya imputadas por Mueller: Paul Manafort, George Papadopoulos y Richard Gates. Diez de los demandados aparecen como «John Doe», el nombre que se usa legalmente en EEUU para personas no identificadas.

Se pide un juicio con jurado, se busca una compensación de millones de dólares por el daño atribuido al ciberataque de sus servidores (desde minar su capacidad para comunicarse con votantes hasta para recolectar donaciones) y se busca también la admisión de que hubo conspiración.

No está claro que vaya a prosperar. Es inusual que lo hagan en EEUU casos planteados contra gobiernos extranjeros, aunque los demócratas aseguran que con el pirateo de sus ordenadores Rusia violó en suelo estadounidense leyes de propiedad privada.