Dinamarca no quiere más refugiados. Con esa intención, el parlamento nórdico ha aprobado esta mañana una polémica ley que permitirá confiscar los bienes y dinero a los migrantes que lleguen al país para costear así su integración. La medida permitirá la expropiación de todos aquellos objetos que superen los 1.340 euros y que no tengan un valor sentimental. “De esa manera los refugiados están en las mismas condiciones que los desempleados que tienen que vender parte de sus propiedades”, ha remarcado el primer ministro, el conservador Lars Løkke Rasmussen.

La nueva ley de asilo danesa ha sido duramente criticada y comparada con el expolio judío que protagonizaron los nazis durante los años 30. A pesar de eso, el consenso en Dinamarca es amplio y la cámara ha dado luz verde a este proyecto con los votos favorables de los partidos de centro-derecha y ultraderecha y de los socialdemócratas, líderes de la oposición. Tan sólo los parlamentarios verdes y de izquierda han lamentado el movimiento del ejecutivo. La reina Margarita II firmará la ley en los próximos días para que empiece a aplicarse.

El año pasado, este país escandinavo de 5,6 millones de habitantes registró 21.000 peticiones de asilo, convirtiéndolo en uno de los países con mayor tasa de llegada de refugiados por capita. Ante las previsiones de un aumento para el 2016, Dinamarca ha respondido con mano dura.

SOCIALDEMÓCRATAS CONTRA LOS REFUGIADOS

Rasmussen se ha visto forzado a suavizar alguno de los puntos iniciales, como establecer el límite de dinero en 400 euros, para poder pasar el texto. La medida ha sido apoyada por todos los partidos de derechas e incluso con la oposición socialdemócrata. “Es una decisión pragmática y de táctica electoral”, apunta Nils Holtug, director del centro de estudios migratorios avanzados de Copenhague, que añade: “Muchas elecciones se han determinado por el discurso contra la inmigración y los socialdemócratas se han cansado de perder por ese aspecto”. La inmigración se ha convertido en la principal preocupación del 70% de los daneses.

El Ejecutivo conservador ha asegurado que los refugiados suponen una amenaza al estado del bienestar danés y que la nueva ley mejorará la integración. A pesar de eso, hay muchas voces en contra. “En los 90, Dinamarca acogió a 200.000 refugiados bosnios y no hubo ningún colapso. Se ha impulsado una ley que daña y dificulta su adaptación porqué les hace su vida aún más difícil”, lamenta Zachary Whyte, experto en integración migratoria de la Universidad de Copenhague. “Los refugiados están muy preocupados. Hay la sensación de que no son aceptados y eso ha generado una tensión que fragmenta la sociedad”, añade Holtug.

PROBLEMAS A LA REAGRUPACIÓN FAMILIAR

Pero este no es el único punto controvertido. La nueva medida dificultará aún más a los refugiados reunirse con sus familiares ampliando el plazo para solicitar la reagrupación familiar de uno a tres años de espera. “Con los trámites burocráticos eso puede ampliarse hasta los cinco años”, critica Whyte.

Organizaciones como Amnistía Internacional se han sumado a denunciar esta “práctica discriminatoria” y el comisario europeo por los derechos humanos, Nils Muiznieks, incluso advirtió que la ley puede vulnerar la convención comuntaria de los derechos humanos.

A pesar del impacto que ha tenido, la propuesta danesa Rasmussen ha seguido apostando por la mano dura. El primer ministro incluso propuso deshacer la convención del refugiado de 1951 que obliga a sus firmantes a ofrecer asilo a aquellos que huyen del peligro “si el flujo de refugiados no cesa”. Desde Naciones Unidas, el expresidente del parlamento danés Mogens Lykketoft ha asegurado que Rasmussen es un “defraudador”.

LA ULTRADERECHA MARCA EL CAMINO

Dinamarca es considerada un ejemplo de progresismo en todo mundo. Su modelo socialdemócrata se basa en un fuerte papel del Gobierno, que tasa un alto nivel de impuestos pero que a cambio ofrece una amplia cobertura sanitaria, ayudas a la ocupación... Dinamarca es el tercer país con mayor igualdad de género y su Estado del bienestar es reverenciado incluso en los liberales Estados Unidos de la mano del candidato demócrata Bernie Sanders. ¿Cómo se entiende entonces que uno de los países más progresistas del mundo apoye esta legislación tan dura?

El pasado 18 de junio los socialdemócratas ganaron las elecciones. Los partidos de derecha formaron un bloque para tumbar al ejecutivo de izquierdas y ocupar el poder. Eso llevó a la curiosa situación de que el Partido Liberal Danés asumiera un Gobierno en solitario a pesar de quedar en el tercer puesto con un 19,5% de los votos. Desde entonces su inestable situación ha forzado al primer ministro a hacer equilibrios y apoyarse en el ultraderechista y euroescéptico Partido Popular Danés que, con el 21,1% de los votos, ha sacado tajada de esa fragilidad para marcar la agenda con un discurso especialmente agresivo con los refugiados.

La decisión de Dinamarca también se entiende como un efecto dominó que se ha extendido por Europa. Dos estados alemanes también aplican esa misma medida de confiscación con los refugiados. Junto a la nueva ley, el país también ha seguido los pasos de Suecia y ha reintroducido los controles en la frontera con Alemania para negar el paso por el corredor escandinavo. A todo eso hay que añadirle el debate generado por la propuesta hecha por la ultraderecha consistente en encerrar a los refugiados en campos de concentración fuera de las ciudades. Dinamarca sigue teniendo un Estado del bienestar progresista pero ese lema parece resquebrajarse cada vez que se aborda la crisis migratoria.