El coronavirus ha sacudido a Estados Unidos en año de elecciones presidenciales pero no ha derrumbado las estrategias de campaña de Donald Trump. El lunes por la noche, el mandatario colgó un tuit en el que, sin dar detalles, anunciaba que iba a firmar una orden ejecutiva «para suspender temporalmente la inmigración en EEUU».

En su explosivo pero vago mensaje, Trump apelaba al «ataque del enemigo invisible» y a «la necesidad de proteger los trabajos de nuestros GRANDES ciudadanos estadounidenses» para argumentar una decisión con la que, como en el 2016, o en las elecciones legislativas del 2018, vuelve a poner la línea más dura en inmigración en el centro de su campaña. Su gestión de la respuesta al coronavirus está sometida a fuertes críticas. La pandemia, por ahora, ha dejado 786.000 contagiados confirmados en EEUU y más de 42.000 muertos. Más de 22 millones de estadounidenses han perdido sus empleos y el presidente ha alentado a grupos de manifestantes conservadores que han organizado, especialmente en estados gobernados por demócratas, protestas contra las órdenes de confinamiento y el cierre de negocios.

Aunque las fronteras de EEUU ya están cerradas a viajes no esenciales y hay restricciones de movimiento desde México, Canadá, China y Europa, hace solo unos días, la posición de la Administración Trump sobre la inmigración, o al menos parte de ella, era distinta. Se había hecho un llamamiento internacional a profesionales médicos a contactar embajadas de EEUU para acelerar la tramitación de sus visados. También se habían relajado los requerimientos de algunos inmigrantes para conseguir trabajos en agricultura, pesca y otros campos. Y hasta planteó aumentar en 35.000 el número de trabajadores temporales.

Fueron pasos que indignaron a sus bases más radicales. «Es incomprensible», criticó por ejemplo en Politico Mark Krikorian, director del grupo Centro para Estudios de Inmigración, que defiende restricciones duras. «Importar a trabajadores para trabajos que podrían hacer estadounidenses en paro es absurdo».

Trump parece haber escuchado esas críticas y ha cambiado el paso, reforzando la mano de hierro que ya había estado aplicando durante la crisis en otros sectores de la inmigración, para preocupación de activistas y defensores de los derechos humanos. Durante la pandemia, por ejemplo, su Administración ha aprovechado para endurecer las condiciones para inmigrantes. Usando poderes de la emergencia, ha suspendido leyes que protegen a menores y solicitantes de asilo permitiendo deportaciones inmediatas o rechazos directos en la frontera con México. Además se han cerrado la mayoría de oficinas de visados.

SIN PRECEDENTES / El paso de Trump no tendría precedentes. Como ha recordado en The Washington Post Alex Nowrasteh, director de estudios de inmigración en el libertario laboratorio de ideas Cato Institute, en 1918 durante la «gripe española» EEUU permitió la entrada de miles de inmigrantes y durante la segunda guerra mundial se dieron visados y se permitió entrar a trabajadores del campo.

Según Nowrasteh, Trump podría estar amparado legalmente tanto por el Título 42 del Código de EEUU, que le permite detener la inmigración por razones de salud, y por la reciente decisión del Supremo que amparó su veto a ciudadanos de países de mayoría musulmana. Los inmigrantes representan el 18,2% de los trabajadores de la sanidad en EEUU y un 23,5% de los del sector de cuidados.