Sobre Aung San Suu Kyi, la lideresa birmana, siguen amontonándose cargos. Los dos nuevos certifican un horizonte judicial complicado y amenazan con finiquitar su carrera política. La jornada también dejó buenas noticias: la lideresa, a la que no se había visto desde que fuera detenida un mes atrás, luce un aspecto saludable.

Suu Kyi apareció brevemente el lunes por videoconferencia en el proceso abierto contra ella y otros representantes de su formación política. Su abogado, Min Min Soe, ha aclarado que conserva su buen aspecto aunque está algo más delgada. Su equipo legal no ha podido reunirse con ella ni asistirla a pesar de las insistentes reclamaciones que hoy ha prometido el tribunal que está considerando .Tanto La Dama como el presidente, Wyn Myint, han permanecido en arresto domiciliario desde que los militares tomaran el poder cuando faltaban unas horas para la constitución del nuevo Parlamento.

La crónica judicial deja nuevas acusaciones contra Aung San Suu Kyi. Esta vez se ha desempolvado una ley de la época colonial que prohíbe la publicación de información que pueda "causar miedo o alarma" o "alterar la tranquilidad pública". También se la ha acusado de vulnerar la Ley de Telecomunicaciones por el uso de aparatos sin la licencia pertinente. Es probable que el tribunal aludiera a la media docena de walkie-talkies que usaban los guardaespaldas de la lideresa y que ya habían motivado otro cargo por violar la Ley de Importaciones. El listado se completa, por ahora, con la acusación de ignorar los protocolos de seguridad implementados para luchar contra el coronavirus.

Hacia la inhabilitación

Hacia la inhabilitación La ofensiva judicial contra Aung San Suu Kyi busca la condena que la inhabilitaría para presentarse a las elecciones que los militares han prometido convocar el próximo año. Los golpistas anularon formalmente la semana pasada los resultados de las celebradas en noviembre, ganadas por goleada la Liga Nacional por la Democracia de Suu Kyi, alegando irregularidades que nadie más vio.

Las protestas han regresado a las calles tras el domingo sangriento. Los 18 muertos lo convirtieron en la peor jornada de las últimas décadas en un país admirable por su pulsión democrática a pesar de las cíclicas tragedias. Los militares, que intentaron apaciguar las primeras protestas con tacto, han recurrido ya al fuego real. Un diario oficialista advertía en las últimas horas de las "severas medidas que se tomarán irremediablemente contras las multitudes anárquicas".

Con el país deslizándose hacia el drama surgen los debates de qué puede o quiere hacer la comunidad internacional. Lo resumió el sábado un joven ingeniero, Nyi Nyi Aung Htet Naing, preguntándose en su cuenta de Facebook cuántos muertos necesita la ONU para actuar. Nyi Nyi murió ayer en Rangún de un balazo a las puertas de una escuela. Las imágenes lo muestran inerte con su teléfono aún en la mano y siendo arrastrado por cinco manifestantes agachados para evitar la lluvia de balas.

"Las condenas se agradecen pero no bastan", ha subrayado Tom Andrews, representante de la ONU para asuntos birmanos. Andrews ha recomendado un embargo de armas global, más sanciones para los negocios de los militares y la actuación de la Corte Internacional Penal. Ninguna de las medidas se intuye eficaz contra unos militares que gobernaron sin problemas consignables durante medio siglo de espaldas a la comunidad internacional.