La última vez que Raimunda da Silva Pessoa vio con vida a su hijo fue la mañana del 1 de enero del 2017. Como todos los meses, Silva se desplazó en autobús desde la periferia de Manaus hasta el Complejo Penitenciario Anísio Jobim, el llamado Compaj, enclavado en la selva, para visitar a su hijo Francisco Pereira Pessoa, alias Kiko, quien cumplía 26 años de cárcel por violación y homicidio, crímenes que ella niega.

“Fue la última vez que le abracé. Aquella misma tarde comenzó la rebelión en la cárcel y fue asesinado junto a los otros 27 reos de su celda por presos de una facción criminal rival”, recuerda esta mujer de 64 años entrevistada por EL PERIÓDICO en Manaus, la capital del estado brasileño de Amazonas.

El motín en el Compaj del 2017 se saldó con un total de 59 muertos, una de las peores masacres en centros penitenciarios de Brasil. Las muertes, cometidas con extrema violencia y crueldad —hubo decapitaciones, extirpación de órganos, quema de cuerpos—, tuvieron como origen la lucha entre dos facciones que pelean por el control del tráfico de droga en el estado de Amazonas: la Familia del Norte (FDN) y el Primer Comando da Capital (PCC), del que formaba parte Kiko.

Sistema corrupto

Aquella fue la primera de una serie de matanzas dentro de las cárceles amazónicas que han puesto de manifiesto la expansión del narcotráfico en esta región de Brasil, segundo mayor consumidor mundial de cocaína. Los presidios son, paradójicamente, los centros neurálgicos de los grupos vinculados al narcotráfico, debido a que los capos, encarcelados, gozan de todo lo necesario dentro del corruptible sistema penitenciario para organizar el crimen (se han encontrado videoconsolas, jacuzzis y hasta prostitutas dentro de las celdas).

“Estamos viviendo una guerra en el fin del mundo porque nadie sabe lo que pasa aquí”, explica el comisario Sergio Fontes, de la Policía Federal brasileña y secretario de Seguridad Pública de Amazonas cuando se produjo la revuelta en el Compaj. “La población local se mete en el tráfico de droga porque no tiene opciones. Las regiones del interior del estado de Amazonas quizá estén entre las más pobres del mundo”, asegura.

Perú y Colombia, donde las plantaciones abandonadas por las FARC son ahora objeto de deseo de las mafias brasileñas, son los mayores productores de la cocaína que ahora entra a Brasil por los ríos amazónicos. En los primeros seis meses del año fueron decomisadas 6,6 toneladas de droga en Amazonas, un 18% más que en el mismo período del 2018. Varias fuentes policiales y gubernamentales consultadas por EL PERIÓDICO aseguran que apenas se intercepta un 10%.

Subdesarrollo, piratas y epidemia de asesinatos

Al caer la noche, un grupo de la Policía Civil se prepara para abordar una pequeña lancha en el puerto de Manaus. “Tenemos un chivatazo que indica que una mujer lleva varios paquetes de cocaína escondidos en un saco de harina de mandioca”, revela un comisario que pide que su nombre no sea citado.

Metralleta en mano, los policías se colocan estratégicamente en la única salida de la pequeña embarcación y revisan la documentación y el equipaje de cada uno del medio centenar de pasajeros. Con afilados palillos de madera pinchan todos los sacos, pero no encuentran nada.

“Alguien debe haber avisado a la ‘mula’”, dice, decepcionado, el comisario. “Muchas son mujeres que trafican porque tienen bocas que alimentar y están sin empleo. Se juegan su libertad por apenas 1.000 reales”, es decir, poco más de 200 euros, agrega.

Corredor de cocaína

Fuentes policiales indican que el 90% de los barcos de pasajeros procedentes de la triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil transporta droga. Una de las consecuencias es que las facciones criminales también han comenzado a hacerse la guerra en el río Amazonas —considerado un corredor de cocaína y derivados de la marihuana— por medio de abordajes armados a lanchas de grupos rivales para robarles el botín.

Los expertos aseguran que el tráfico de droga es el principal vector del aumento de los homicidios en la región amazónica, cuyos índices son peores que en el Río de Janeiro de las favelas. Asimismo, la expansión del narcotráfico se explica por el subdesarrollo de una región de extraordinarios recursos naturales que, sin embargo, registra altos índices de desigualdad y pobreza.

“La miseria social engendra crimen”, resume el comisario Silvio Maués, de la policía civil de Belén.

Los datos así lo confirman. De los 50 municipios del país con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH), 32 están en la Amazonia. Asimismo, Manaus, Belén y Macapá, capitales de los tres estados brasileños bañados por el río Amazonas, figuran en el ránking de las 50 ciudades más peligrosas del mundo que realiza anualmente la ONG mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP).