No vivimos la fase final de la pandemia, sino todavía el inicio. Tendremos que vivir todavía durante mucho tiempo con este virus». Esta fue una de los mensajes que Angela Merkel quiso dejar claro en su última comparecencia ante el Bundestag. En el discurso con el que dio cuenta de las medidas que el Gobierno federal está tomando para frenar la expansión del covid-19, Merkel hizo hincapié en otra idea: la actual restricción de los derechos de libre movimiento, manifestación y reunión supone un enorme reto para la democracia actual. Y difícilmente se levantará próximamente.

Lo que en un primer momento fue un apoyo explícito o implícito del resto de partidos a las medidas de urgencia tomadas por el Gobierno de gran coalición está dejando paso a duras críticas. Ello quedó en evidencia en la sesión de control del pasado jueves en el Parlamento federal alemán, en el que el consenso político surgido en el inicio de la gestión de la crisis del coronavirus comenzó a resquebrajarse.

«Es hora de levantar las restricciones de los derechos fundamentales y de trasladar las medidas de protección a la responsabilidad privada de los ciudadanos. El Estado es en gran medida innecesario», dijo Alexander Gauland, colíder parlamentario de la ultraderecha de Alternativa para Alemania (AfD) -la formación ultra lidera la oposición parlamentaria a la gran coalición de democristianos y socialdemócratas al ser la tercera fracción más grande de la Cámara-. AfD se está convirtiendo un ataque frontal a la gestión de la crisis del gobierno.

En esa misma línea va la posición de los liberalconservadores del FDP, que también cuestionan la proporcionalidad de las restricciones adoptadas por el Gobierno federal. «Dado que crecen las dudas, hoy termina la unanimidad entorno a la gestión de la crisis», dijo el presidente y jefe parlamentario del FDP, Christian Lindner. De momento, las encuestas de intención de voto avalan a Merkel y su negativa a levantar las medidas de manera precipitada: la CDU ha vuelto a niveles de intención de voto (cerca del 40%) previos a las últimas elecciones federales de 2017.

AMPLIO APOYO / Aunque técnicamente Alemania no esté en estado de alarma o de excepción, el Gobierno federal de Berlín aprobó la llamada ley de protección contra la infección que le permite imponer «las medidas necesarias» para frenar la expansión del virus. Ello implica la anulación implícita de derechos fundamentales como el de movimiento, el de reunión, el de manifestación o el de culto de manera ilimitada mientras la ley siga vigente.

Aunque como muestran las encuestas de opinión pública, las medidas excepcionales cuentan con un amplio apoyo de la ciudadanía alemana, también hay quien comienza a levantar la voz. El movimiento No sin nosotros intentó celebrar ayer una concentración en el centro de la capital alemana para protestar contra lo que consideran «una derogación de la discusión pública, la sumisión parlamentaria al régimen de emergencia, el fin de la libertad de prensa y ataques a la libertad de reunión».

Las concentraciones han dejado imágenes atípicas en una democracia liberal: agentes de policía detienen a manifestantes pacíficos que respetan la distancia de separación exigida por las autoridades y que blanden carteles de protesta con la mascarilla de uso cada vez más obligado en los espacios públicos de Alemania.

A pesar de como informan medios alemanes, movimientos ultraderechistas, ultranacionalistas y militantes de las teorías conspirativas parecen sumarse a iniciativas como No sin nosotros, las críticas a las medidas de excepción están lejos de circunscribirse exclusivamente a movimientos antisistema y radicales.

«La masiva restricción de nuestros derechos fundamentales se mueve sobre un base legal cada vez más incierta», argumenta el profesor de derecho público y filosofía del derecho Uwe Volkmann. «Y está el temor de que esas restricciones marquen nuestra vida en común más tiempo de lo ahora nos podamos imaginar».