El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos alertó de una bajada en el número de arrestos y deportaciones de inmigrantes que ha efectuado dentro del país, como consecuencia de la crisis fronteriza a la que ha tenido que dedicar parte de sus recursos.

El director en funciones del ICE, Matthew T. Albence, detalló desde McAllen (frontera de Texas) que desde el inicio del año fiscal en octubre pasado se han reducido un 14 % los arrestos a inmigrantes con condenas y un 10 % las deportaciones con respecto al mismo periodo del año anterior.

INSISTEN EN UNA CRISIS

Albence explicó esta reducción por la crisis en la frontera sur ante la llegada de decenas de miles de solicitantes de asilo centroamericanos cada mes, una oleada con cifras récord en la última década que tiene a la Patrulla Fronteriza desbordada, según ha reconocido ese cuerpo. "En respuesta a la crisis, el ICE está desplegando todos sus recursos disponibles", dijo Albence.

El director de la agencia estadounidense de inmigración, detalló que ha enviado equipos de agentes especiales e investigadores forenses especializados en tráfico humano a las comisarias de la Patrulla Fronteriza y a los centros de detención del ICE. Los agentes del ICE asisten a los patrulleros fronterizos en los interrogatorios a los solicitantes de asilo y en el estudio de sus documentos.

REASIGNAN A LOS OFICIALES

Asimismo, "cientos de agentes" de la unidad de Detención y Deportación (ERO, en inglés) han sido reasignados a puestos dirigidos a reducir el impacto de la crisis fronteriza, lo que incluye centros de detención del ICE que han visto aumentada su población "significativamente" a raíz de la oleada.

"Esta reasignación de recursos está teniendo un significativo costo para las operaciones de seguridad y vigilancia de la ERO. Esta crisis ha devastado los esfuerzos de la ERO para hacer cumplir la ley", dijo Albence.

El director del ICE se refirió así a las operativos de "arresto de condenados, amenazas a la seguridad pública, violadores de derechos humanos, pandilleros y fugitivos", que contabilizó en 560.000 en todo el país al detallar los descensos del 14 % en las detenciones y del 10 % en las deportaciones.