Una niña de seis años fue enviada sola a un refugio en Nueva York cuando su madre fue hospitalizada por una lesión en la pierna en California. Otra pequeña pasó cuatro meses sola bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos porque su padre en algún momento de su vida destruyó un bien valorado en cinco dólares. Dos pequeños de nueve y once años fueron separados durante medio año de su padre, falsamente acusado de ser miembro de una banda en El Salvador y a otra criatura se le separó también de su progenitor por una ofensa menor que este cometió dos décadas atrás. A algunos padres se les quitó a sus niños por no cambiarles un pañal y a otros por tener pendiente una multa de tráfico.
Todos esos ejemplos son reales y los han padecido niños inmigrantes que han llegado a Estados Unidos en el último año. Y son solo una muestra de los más de 900 casos de separación de familias en ese periodo confirmados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) que demuestran que la Administración de Donald Trump sigue aplicando la polémica práctica que oficialmente tuvo en vigor entre abril y junio del 2018 con su política de «tolerancia cero». Trump se vio forzado a detenerla entonces tanto por el escándalo que provocó como por ser una decisión judicial. Pero ha seguido empleándola.
Los datos que ha conseguido la ACLU son oficiales. La Administración trata de justificar las separaciones diciendo que son «excepcionales» e «inusuales» y que solo se hacen «en interés de los niños», palabras que usó el mes pasado en el Congreso el secretario en funciones de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan. La ACLU, no obstante, cree probado que el gobierno se está excediendo en la determinación de las justificaciones y así lo ha escrito en un recurso presentado el martes ante el juez federal de San Diego Dana Sabraw, el mismo que obligó a Trump el año pasado a reunificar a las más de 2.500 familias que había separado (una reunificación que no se ha confirmado que se haya completado).
«Se están basando en antecedentes penales menores, en acusaciones altamente dudosas y en errores en la identificaciones de relaciones de buena fe entre padres e hijos», dice el documento legal. La ACLU insiste también en el «daño irreparable» que causan a «cientos de niños».
RECURSOS EN LOS TRIBUNALES / Con el recurso la ACLU intenta que el juez Sabraw brinde «una orientación sobre los criterios» que podrían seguir permitiendo a Trump separar a los menores de los adultos. También que el magistrado reafirme que «los niños no deben ser separados de sus padres» sin «una decisión de que no están genuinamente capacitados» para cuidar de los menores o presentan para ellos un peligro real. «Ahora mismo el gobierno puede separar basándose en cualquier historial criminal, sin que importe su severidad, y basándose en criterios subjetivos», ha denunciado en unas declaraciones a The New York Times, Lee Gelernt, uno de los abogados de la ACLU.
Los datos del gobierno obtenidos por la ACLU subrayan, además, otros de los elementos que agravan las separaciones. Los menores que son sus víctimas pasaron de media 68 días en refugios pero hay al menos cuatro casos donde esa estancia se alargó más de 300 días. Más de la mitad de los niños, 481 concretamente, tienen menos de 10 años.
