En medio de la cuarentena nacional para detener el avance de un coronavirus que mató a 314 personas, Colombia se remece por un escándalo político de proporciones. El Gobierno colombiano apartó del servicio activo 11 oficiales del Ejército y obligó a un brigadier general a pedir su retiro por el resonante caso de espionaje informático de dirigentes políticos, sindicalistas, oenegés, defensores de derechos humanos y periodistas, incluso extranjeros. La revista 'Semana de Bogotá' presentó las "carpetas secretas" que dan cuenta cómo el Ejército ejecutó un "programa de seguimiento" de 130 personas entre febrero y diciembre de 2019. Se trata, según la publicación, de uno de los "casos de espionaje más delicados en la historia reciente del país".

Durante esos meses se recolectó "masiva e indiscriminadamente toda la información posible de sus objetivos para elaborar informes de inteligencia militar". Los oficiales a cargo de esas "chuzadas", como han sido llamadas, acumularon números de teléfonos, direcciones de residencia y trabajo, correos electrónicos, entre otros datos. No solo los opositores constituyeron el objetivo del espionaje. De acuerdo con Semana, uno de los casos más notorios es el de Jorge Mario Eastman, exviceministro de Defensa y exsecretario general de la Presidencia de Iván Duque. Otro es el del capitán retirado César Castaño, quien formó parte del equipo que negoció el acuerdo de paz con las FARC en La Habana.

Los primeros indicios de estas actividades fueron revelados en enero mismo por Semana y tuvieron tal impacto entonces que el diario El Espectador consideró que esas revelaciones, "ordenadas al parecer con la venia de altos mandos de la institución, ponen en jaque a las fuerzas castrenses y siembran dudas sobre la verdadera razón de la salida del comandante del Ejército, el general Nicacio de Jesús Martínez". Duque dijo el año pasado que Martínez había abandonado su cargo por supuestas razones familiares. Lo cierto es que su partida se conoció después de que The New York Times arrojara luz sobre uno de los aspectos más estremecedores del conflicto interno que sacudió a Colombia: las ejecuciones extrajudiciales conocidas como "falsos positivos", y que no eran otra cosa que campesinos o indigentes a los que se presentaban como insurgentes que habían caído en combate.

Los analistas políticos no dudan en señalar que el nuevo escándalo obliga a dirigir la mirada hacia los sectores más duros del Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, quien no solo fue un pertinaz opositores de los acuerdos con las FARC llevados adelante por su sucesor, Juan Manuel Santos, sino que ejerce una profunda influencia en la actual gestión de Duque.

Las explicaciones oficiales

El ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo aseguró que ha puesto en marcha las investigaciones correspondientes para llegar a los principales responsables de estos hechos de inteligencia. El Comando General de las Fuerzas Militares, informó además, prepara cambios en la estructura de mando del Ejército, los Estados Mayores, y las unidades operativas de la institución. "Respetuosos de los procesos de investigación y, en aras de garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia, el Ejército Nacional ratifica que tomará acciones inmediatas frente a las decisiones que vayan adoptando los entes judiciales y de control", señaló.

El ministro subrayó que "la Fuerza Pública tiene y tendrá el respaldo y respeto de los colombianos, en tanto siga actuando con transparencia, que es la fuente de su legitimidad y apoyo de la opinión pública".