El nuevo Gobierno de Argentina publicó en el Boletín Oficial, la ley de "emergencia" aprobada por el Parlamento, con lo que la norma ha entrado en vigor entre promesas del presidente Alberto Fernández de "ordenar" la economía.
"Ahora mi preocupación es tratar de ordenar y tranquilizar la economía", afirmó el mandatario en breves declaraciones a periodistas en la sede del Ejecutivo.
Fernández, que asumió la Presidencia argentina el pasado día 10 en un duro contexto de recesión económica iniciada en abril de 2018, aseguró que su "prioridad" es "la gente que la está pasando muy mal" por la situación económica, marcada por altos índices de inflación y la pobreza en aumento.
La nueva ley de emergencia
Tras haber asumido al frente del Ejecutivo, Fernández remitió la semana pasada al Parlamento el proyecto de la denominada "ley de solidaridad y reactivación productiva", que fue tratado y aprobado de forma urgente por ambas cámaras del Congreso.
La nueva ley declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, de la previsión social, tarifaria, energética, sanitaria y social, y delega al Ejecutivo facultades especiales hasta el 31 de diciembre de 2020.
Aunque la norma es muy amplia, destaca lo referido a los tributos, un asunto clave para resolver los desequilibrios fiscales, y a la deuda pública, otro de los problemas que Argentina debe abordar en lo inmediato.
Nuevos impuestos
La ley crea un impuesto denominado "país" (impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria) que grava con una tasa del 30 % la adquisición de divisas extranjeras para atesoramiento, la compra de pasajes y paquetes turísticos para viajar al exterior y los gastos que allí se hagan con tarjetas de crédito.
Además, habilita al Ejecutivo a aumentar otros impuestos y las denominadas retenciones -derechos a la exportaciones-, que se podrán incrementar hasta el 33 % para la soja, el principal cultivo de Argentina.
En cuanto a la deuda pública, que Argentina pretende renegociar con sus acreedores, la ley autoriza al Gobierno a emitir letras a diez años, por un total de 4.571 millones de dólares, y a adquirir con esos títulos dólares provenientes de las reservas del Banco Central con el fin de destinarlos al pago de deuda.
