Turquía estará en estado de emergencia durante los próximos tres meses. Lo comunicó este miércoles por la noche el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, tras el Consejo Nacional de Seguridad, celebrado en el mismo día en Ankara. Según el mandatario, los ciudadanos no deben tener "la menor preocupación en lo tocante a democracia, imperio de la ley, derechos fundamentales y libertades". Durante una rueda de prensa televisada, Erdogan dijo que el estado de emergencia protegerá estos valores de futuros ataques y ha añadido: "Esta nación tiene el derecho de decidir su propio destino".
Asimismo, el mandatario turco aseguró que el país "nunca olvidará la valentía y el sacrificio de quienes perdieron sus vidas".
Una fuente de Presidencia explicó que se trata "estrictamente de una decisión orientada a la seguridad nacional". "Como siempre, la ley internacional fija los límites de las restricciones", apuntó.
Para hacer esta medida efectiva hace falta que la Asamblea Nacional la apruebe. La medida puede durar un máximo de seis meses, con prórrogas de un máximo de cuatro, que serán decididas por el Parlamento, el cual tiene potestad de levantar el estado de emergencia.
El artículo 121 de la Constitución de Turquía regula las normas del estado de emergencia. "Durante el estado de emergencia, el Consejo de Ministros, reunido bajo el mando la presidencia del jefe de Estado, puede emitir decretos con fuerza de Ley sobre asuntos requeridos por el estado de emergencia", explica el texto.
Con anterioridad a este anuncio, el viceprimer ministro Nurettin Canikli había indicado que “la proclamación de la ley marcial o similares está descartada”.
La medida quizá apacigüe a los grupos islamistas y ultranacionalistas que piden la reintroducción de la pena de muerte en Turquía (donde fue abolida hace una década) para aplicársela a los supuestos golpistas. “Gülen [el clérigo Fetullah Gülen], perro del diablo, te colgaremos a ti y a tus perros con vuestra propia correa”. La pancarta gigantesca colgada del Centro Cultural Atatürk, en la céntrica plaza estambulí de Taksim, no hace presagiar nada bueno en una Turquía presa de la incertidumbre.
“Es muy preocupante ver este tipo de discurso público, que podría alimentar la idea de venganza. Puedes llamarlo libertad de expresión, pero podrían atacar a la gente en la calle”, asegura a EL PERIÓDICO Emma Sinclair-Webb, directora en Turquía de Human Rights Watch. “Lo que hace falta es una rendición de cuentas de los golpistas, pero tiene que hacerse con un proceso judicial adecuado”, agrega Sinclair-Webb. “Pero sé que esto suena vacío cuando has despedido a una quinta parte de la judicatura”, agrega.
Por el momento, Turquía ha acusado formalmente a 99 generales y almirantes del Ejército por su supuesta conexión con la intentona golpista. Poco menos de un un tercio de la cúpula militar turca, compuesta por 356 personas. Asimismo, el Ministerio de Educación ha decretado el cierre de 626 instituciones educativas. Más jueces y más funcionarios han sido cesados, junto con otros 6.500 profesores en una purga que no se sabe ni cómo ni cuándo ni dónde concluirá. Las personas detenidas ascienden a 10.000, y más de 50.000 han perdido su trabajo.
LA PENSIÓN DE GÜLEN
Mientras tanto, la agencia estatal de noticias Anadolu desveló que el Estado le seguía pagando su pensión de jubilación a Fetullah Gülen,el clérigo musulmán autoexiliado en EEUU al que Turquía culpa de estar detrás de la intentona golpista. El Estado turco considera terrorista a Gülen y al movimiento que lidera desde mucho antes de la asonada.
En la calle, siguen llenándose las plazas cada noche, con la bandera turca por todas partes. “Desde el primer día (del golpe), se han vendido un millón y medio de banderas. Espero que se vendan cinco más en los próximos días”, relató a la agencia de noticias Reuters Orkun Altier, dueño de una empresa manufacturera de enseñas. “Profesores, carpinteros, camareros... todos quieren banderas ahora -apunta Altier-. Ni siquiera me queda una para colgar en mi casa”.
UN CEMENTERIO PARA "TRAIDORES"
Los golpistas muertos serán sepultados en un camposanto especialmente diseñado para “traidores”. El alcalde de la municipalidad de Estambul, Kadir Topbas, aseguró que su oficina ha solicitado un espacio para enterrarlos ya que ningún cementerio aceptaría los cadáveres de aquellos involucrados en la trama golpista. “Quien visite el lugar les maldecirá y no podrán descansar en paz en sus tumbas”, opinó Topbas ante una multitud de 'erdoganistas' congregada en la plaza de Taksim, en Estambul. Por su parte, el alcalde de la localidad de Ordu, en el mar Negro, se ha negado a facilitar un lugar a los golpistas muertos. Este martes, la dirección de asuntos religiosos ya adelantó que no ofrecería servicios funerarios a los golpistas fallecidos, salvo que se hubieran visto "arrastrados por la fuerza" a la conspiración.
