Veintidós observadores españoles, entre militares, policías y guardias civiles, están ya preparados para volar a Colombia y participar en la verificación del alto el fuego y la dejación de armas. Uno de los militares con rango de coronel asumirá el mando del grupo, cuyos profesionales irán sin armas por tratarse de una misión política liderada por la ONU. Solo falta que Bogotá reclame su presencia en el país para que este grupo se mezcle con las cerca de 200 personas que se encargarán de esta tarea en una primera fase.

Según fuentes de Exteriores, es probable que el despliegue sea dentro de unos días y que en los próximos meses aumente el número de observadores. El acuerdo de paz señala que los guerrilleros deberán depositar las armas en un plazo máximo de 150 días desde la firma del histórico documento.

El armamento se fundirá y se destinará a la construcción de tres monumentos para conmemorar la paz que se levantarán en La Habana, Nueva York y en una ciudad colombiana todavía sin determinar.

La misión de la ONU también se encargará de que las FARC no comentan ninguna actividad ilícita como son la extorsión, el secuestro y el narcotráfico.

LA COLABORACIÓN ESPAÑOLA

Respecto a la ausencia del Gobierno español en la gestación del acuerdo de paz, Exteriores se defiende diciendo que la llamada Mesa de La Habana se diseñó desde el principio "con un formato muy reducido", con Cuba y Noruega como países garantes y Chile y Venezuela como acompañantes. Sin embargo, fuentes del ministerio de José Manuel García Margallo aseguran que "desde el principio Colombia ha pedido ayuda a España", y esta ha mostrado "un arraigado compromiso histórico con la paz" para hacer posible el acuerdo y preparar el posconflicto. Según Exteriores, España ha formado a de 120 militares colombianos en desminado desde 2003 (el objetivo es que Colombia sea un país libre de minas en 2021). El Gobierno de Mariano Rajoy también ha impulsado la constitución de un Fondo Fiduciario para el posconflicto en la UE, al que España ha contribuido con tres millones de euros.

En representación del Ejecutivo voló hasta Cartagena de Indias el rey emérito Juan Carlos, debido a las dificultades políticas para que lo hicieran Felipe VI o Rajoy.