El asesinato hace dos semanas en Minneápolis del ciudadano negro George Floyd a manos de un policía blanco y otros tres agentes acusados de complicidad y las multitudinarias protestas clamando por justicia en todo Estados Unidos han puesto en un lugar central de la conversación nacional la necesidad de reformar la policía, incrementar sus controles y asegurar que rinde cuentas por acciones marcadas por el racismo.

Los primeros cambios concretos han empezado a anunciarse en ciudades como Minneápolis, donde el consejo municipal avanzó el domingo planes para desmantelar el departamento de policía, un paso radical para el que los legisladores tienen mayoría a prueba de veto del alcalde, que se opone a la idea, pero que posiblemente necesitará de una ratificación ciudadana en las urnas.

OPCIONES ESCASAS / Mientras, en Washington los demócratas presentaron ayer una propuesta de ley con proyectos menos radicales pero ambiciosos y que serían históricos. A día de hoy son escasas sus opciones de ver la luz en un Senado controlado por los republicanos. La línea divisoria del polarizado país también está ya delineada, liderada por Donald Trump, que insistió en uno de sus tuits a gritos, en mayúsculas, en su mensaje de «ley y orden» y acusó a «los radicales demócratas de izquierda» de haberse «vuelto locos» y de fomentar la retirada de financiación de la policía, aunque ayer Joe Biden mostró su oposición a esa idea.

Varios departamentos de policía, incluyendo el de Minneápolis, han prohibido tácticas de ahogamiento y restricción de movimiento como la que mató a Floyd en una ciudad de 20% de población negra donde solo son de esa raza el 9% de los agentes de policía y donde son los negros quienes reciben el 60% de uso de fuerza. También allí y en ciudades como Portland se han roto contratos de distritos escolares con la policía para ofrecer seguridad. Y en Seattle o Denver (en este caso por decisión judicial) se ha prohibido el uso de gases lacrimógenos o proyectiles como los usados contra manifestantes.

Cobra fuerza una ola que aboga por redirigir fondos destinados a la policía a otras partidas que se centren más en el desarrollo de las comunidades, especialmente las más discriminadas y afectadas por racismo y brutalidad policial, destinando ese dinero público a programas sociales, de educación o sanidad. Es algo que ya ha anunciado el alcalde de Los Ángeles, con un desvío de 150 millones de dólares (una gota en el presupuesto de 1.800 millones) o, sin dar cifras, el de Nueva York, en el ojo del huracán por la brutal actuación de la policía contra las manifestaciones pacíficas.

No es la primera vez que tras casos de horror de uso de fuerza letal injustificado contra negros y las consiguientes muestras de repulsa se inician reformas individuales. Pero en un país con más de 18.000 departamentos de policía se siente necesaria una actuación federal. Es lo que han puesto sobre la mesa los demócratas con la propuesta de Ley de Justicia en la Actuación Policial.

Plantea pasos inéditos como el de reducir protecciones como la doctrina de «inmunidad cualificada», que actualmente hace casi imposible imputar a policías. También se impondrían restricciones al uso de fuerza letal, se crearía un registro nacional de las acusaciones de mala conducta, se prohibiría el uso de tácticas de ahogo o del perfilamiento racial o se limitaría el equipamiento militar para la policía.

«A no ser que haya responsabilidades nunca habrá cambio. A no ser que haya cambio continuará la brutalidad y estaremos atrapados en un ciclo vicioso de angustia y desesperación. Todo lo que quiero es ser tratado de forma igualitaria. No mejor. No peor», dijo el congresista negro Hakeem Jeffries en la presentación de la legislación, que empezará a debatirse mañana. El futuro del proyecto de ley es incierto por el control republicano del Senado. Como recordaba la senadora negra Kamala Harris, ahí un solo senador, Rand Paul, ha conseguido que esté bloqueada legislación que haría de los linchamientos un crimen federal.