Los términos eurobonos o coronabonos siguen siendo palabras malditas en el vocabulario comunitario. De ahí que la resolución adoptada este viernes por la Eurocámara con 395 votos a favor, 171 en contra y 128 abstenciones- sobre la respuesta a la crisis del covid19 se haya decantado por una solución menos ambiciosa pero más fácil de aceptar por los eurodiputados del norte de Europa para financiar el nuevo plan de reconstrucción para Europa: la emisión de bonos de recuperación garantizados con el presupuesto de la Unión Europea.

Es el mensaje que llevará el presidente de la Eurocámara, David Sassoli, al Consejo Europeo del próximo jueves 23 de abril en el que los Veintisiete intentarán acercar posturas sobre cual debe ser el contenido de ese nuevo plan de recuperación y cómo debe financiarse. Queremos utilizar instrumentos innovadores como la emisión de bonos garantizados, ha explicado el socialista italiano. Estamos hablando de un instrumento que muchos han reclamado y que está en el centro del debate. Tenemos que asegurarnos de que, a partir de ahora, los costes que cada país soporta para hacer frente a esta crisis se comparten. Es por ello que necesitamos una forma de mutualización respecto a la futura deuda que se acumulará en el plan de reconstrucción, ha añadido sin entrar en el debate sobre la terminología utilizada ni las cifras del plan masivo de inversiones reclamado.

La formulación elegida ha bastado para que el PPE, los Socialdemócratas y liberales de Renew den su apoyo también Carles Puigdemont y Toni Comín- mientras que los Verdes que inicialmente habían apoyado el texto han optado por abstenerse tras el rechazo de la enmienda en la que defendían la mutualización de una parte sustancial de la deuda que se emita como consecuencia de la pandemia. También se han abstenido ErC, EHBildu y Unidas Podemos. No está a la altura de la historia, le falta valentía y concreción, ha legado la formación que lidera Pablo Iglesias. "Lleva muchas promesas vacías", ha lamentado Idoia Villanueva.

La moción, que no tiene carácter vinculante, reclama un fondo de solidaridad de 50.000 millones para apoyar al sistema sanitario; un sistema de reaseguro de empleo permanente, y no temporal; que las ayudas financieras concedidas a empresas no sirvan para pagar bonificaciones a sus directivos; que se tomen medidas para proteger a los inquilinos de los desahucios durante la crisis; que se garanticen los derechos de los pasajeros; y alerta de la frágil situación que atraviesan los medios de comunicación.