La incertidumbre que ha generado el Gobierno británico por no garantizar a los ciudadanos europeos permanecer en lasmisma condiciones que ahora en Reino Unido tras el ‘brexit’ parece responder a un a estrategia: es una de las cartas que tiene Londres en la manga para presionar a Bruselas a la hora de negociar los término del divorcio.

“Estos dos años que tenemos por delante van a girar entorno a la voluntad de Reino Unido de acceder al mercado europeo para exportar sus bienes y servicios, y a la exigencia de la UE de que, a cambio, el Reino Unido acepte la libre circulación”, explica Pablo Castillo, profesor de Derecho Constitucional Europeo en la Universidad Sheffield.

Los compromisos que cada parte sea capaz de asumir decidirán en gran medida el futuro de los más de tres millones de ciudadanos europeos que viven en Reino Unido, entre ellos 200.000 españoles.

La falta de garantías por parte del Gobierno de Londres, que sí ha garantizado el estatus de los inmigrantes durante las negociaciones pero no después, ha despertado algunos de los peores temores, como es el caso de las deportaciones.

CASO EXTREMO

“Desde el momento en que Reino Unido salga de la Unión Europea, los tratados europeos se dejarán de aplicar en el país y la situación de los españoles y del resto de ciudadanos europeos pasará a depender del derecho británico. Y el derecho británico puede establecer cualquier tipo de situaciones, incluyendo, en un caso muy extremo, que tuviéramos que volver a nuestros países de origen,” explica Castillo.

Este profesor reitera varias veces que esto sería un caso extremo y poco probable porque a ninguna de las dos partes le interesa. “ El Reino Unido tiene cientos de miles de 'expats' en otros países europeos y una decisión de las autoridades británicas tan lesiva para los ciudadanos europeos como la expulsión se encontraría con una respuesta similar en el resto de países europeos.”

Más de un millón de británicos viven en países de la UE. El ministro de Exteriores británico, , avisó de los peligros de “vender nuestra gente muy barato” si garantizamos la permanencia de los ciudadanos europeos en Reino Unido sin haber conseguido antes un acuerdo de reciprocidad para los británicos que viven en otros países europeos.

Ante esta incertidumbre, ciudadanos europeos como Miguel Panades participaron en una protesta pacífica y creativa organizada en las redes sociales el lunes, que llamaba a llevar el logo de la Unión Europea en el trabajo como acto de protesta para demandar garantías legales de que no perderán sus derechos tras el ‘brexit’.

Panades lleva 12 años en el Reino Unido donde trabaja como oncólogo en el hospital de Lincoln. “Me cuesta creer que me vayan a echar. Es más un tema de politiqueo y negociaciones pero no creo que los que llevábamos aquí una serie de años estemos en peligro”, afirma este mallorquín de 42 años.

TRABAJADORES CUALIFICADOS

Además, Panades recuerda el problema que tiene el país para encontrar trabajadores cualificados, especialmente en el mundo de la medicina. Si todos los médicos y personal sanitario de la Unión Europea se tuvieran que volver a su país “el sistema no lo aguantaría. No se pueden permitir este lujo.” España es, por ejemplo, el país del club europeo que mandó el mayor número de enfermeras al Reino Unido, con más de 3.000 personas en el 2015.

Algunos no quieren verse como “monedas de cambio” en unas negociaciones en las que su futuro se pone en juego. Por ello, al día siguiente de conocerse los resultados del referéndum, la española Elisa Sáez, que lleva 8 años en el Reino Unido, decidió empezar los trámites para pedir la nacionalidad británica. “Quiero cubrirme las espaldas y asegurarme de que, pase lo que pase, cuento con los dos pasaportes para poder venir aquí sin ningún problema.”