«Hay gente que delinque por primera vez, pero lo hace por una necesidad, un apremio económico». La frase no es de un antropólogo sensibilizado con la suerte de los argentinos más golpeados por el ajuste. Son palabras de Fabián Perroni, jefe de la policía bonaerense, conocida como «la maldita» por su escasa amabilidad y sus casos de corrupción. Perroni dijo que «la falta de inclusión» lleva al aumento del delito. «Coincido en parte. Puede ser una de las causas», dijo después el jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia. Los responsables de las fuerzas de seguridad, ejecutoras de una nueva política de «mano dura» dirigida sobre todo hacia los pobres, hicieron un inédito y descarnado diagnóstico que los números complementan.

Según cifras oficiales, el 28% de personas del país son pobres, de los que el 39,7% son niños de hasta 14 años, y el 31,3%, jóvenes de entre 15 y 29. Entre el 71% de las personas más vulnerables se hallan muchos de los que la policía observa como potencialmente ladrones, según organismos defensores de derechos humanos.

La inflación y los tarifazos se han convertido en fábricas de nuevos pobres. El precio de la energía acumula desde el 2016 una subida del 1.800% y se contemplan nuevos ascensos de entre el 25% y el 30%. El gas tuvo una nueva alza en abril y ya aumentó un 1.030%. En cuanto al agua, los aumentos han sido del 550%. El transporte público tendrá solo este año un incremento del 70%. El primer año de Mauricio Macri como presidente cerró con una inflación de 41%. En el 2017 bajó al 24,8%, pero este año amenaza con duplicar la tasa del 15% fijada por las autoridades. Según la consultora Kantar World Panel, la incidencia de los tarifazos en la capacidad adquisitiva de los sectores sociales más débiles es del 25%.

Las heladerías cierran porque no pueden pagar la luz y en los bares se cobra a los clientes por usar los enchufes para los ordenadores. Como los asalariados han perdido un 7% del poder adquisitivo, se ha reducido el consumo de carne y el de pan.

La oposición ha aprobado una ley que anula las subidas y la sitúa en valores del 2017. Se espera que el Senado haga lo propio. Macri ya dijo que lo vetará.