Es la segunda vez que lo logra. Primero fue impedir, en los tribunales, que el Gobierno británico llevara adelante sus planes para el brexit sin contar con el Parlamento. Ahora ha sido que la justicia declare ilegal la suspensión de Westminster durante cinco semanas, justo en la recta final hacia un brexit sin acuerdo.

Sin pretender hacer de ella una heroína moderna, Gina Miller se ha erigido en el símbolo de la lucha por que sean la ley y el Parlamento, y no las veleidades de poder de ningún primer ministro, los que encarnen la verdad suprema en la democracia británica. Más en un proceso que marcará el destino del país para muchas generaciones.

Esta gestora de fondos de inversión nacida en Guyana se está convirtiendo en la enemigo público número 1 de aquellos nostálgicos del imperio que abogan por un brexit por encima de todo; de los que se recrean en las pasadas glorias para despreciar lo que hay a su alrededor.

Pero junto a la épica, no hay que olvidar la gravedad de una sentencia que afirma que Boris Johnson indujo a la reina a tomar una decisión que se ha confirmado ilegal. ¿Qué estará pensando hoy su Majestad? ¿Una mancha en su impecable hoja de servicios? Pasado el momentáneo impacto de la noticia, todas las preguntas tratan de encontrar la respuesta al, ¿y ahora qué? Y, de nuevo, lo único que asoma es el caos.

La sentencia pilla a los partidos en plena temporada de conferencias. Jeremy Corbyn ha adelantado el discurso de clausura de la de los laboristas para poder regresar al Parlamento este mismo miércoles. Los tories la tienen prevista entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre; días estériles para la actividad parlamentaria.

Según la ley que sí llegaron a aprobar los diputados antes del forzado receso, si no hay un acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea para el 19 de octubre, y no vuelven a votar para aprobar una salida sin acuerdo, Johnson tendría que pedir una prórroga a Bruselas. Por mucho que sea una posibilidad, no parece probable que los 27 se la fueran a negar.

Entre medias, sin embargo, pueden pasar un montón de cosas: en el aire pulula la amenaza de Johnson de volver a pedir una suspensión; la convocatoria de elecciones ¿si la aceptan sus señorías?; una moción de censura ¿incluso a propuesta del propio Johnson?, que realmente se firme un acuerdo con la Unión Europea ¿milagros se han visto?; que el primer ministro encuentre una estratagema para saltarse la ley del no-deal, y cumpla su promesa de brexit a las bravas; incluso que la cámara pida la revocación del Artículo 50 y anule el proceso ¿altamente improbable, pero aún una opción?.

Los más positivos se congratulan hoy del funcionamiento de la justicia y del hecho de que, en democracia, nadie hay por encima de la ley. Así debe ser. Hay que agradecerle a Gina Miller su empeño en recordárselo a su clase política. De momento, sin embargo, seguiremos arrastrando el hartazgo por las consecuencias de una nefasta decisión y por la incapacidad de los políticos británicos de gestionarla.