El fiscal Jorge di Lello imputó ayer al presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, y a varios de sus ministros por «abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público» por no haber sometido a debate parlamentario el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Di Lello hizo suya una denuncia presentada por el exdiputado Claudio Lozano y le pidió al juez Julián Ercolini que decida si es pertinente tomar medidas para evitar los «perjuicios económicos y sociales» del pacto con el organismo financiero. Nadie parece esperar que Ercolini tome cartas sobre el asunto: la prensa suele verlo como un juez muy cercano a las autoridades. Macri recibió otras noticias inquietantes. Miles de médicos, enfermeros y pacientes «abrazaron» el histórico edificio del ministerio de Salud, convertido desde el lunes en «secretaría» por obra y gracia del ajuste.