Durante los dos años que duró la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses y las conexiones del Kremlin con la campaña de Donald Trump, el presidente siempre mantuvo que aquello no era más que "una farsa" para poner en duda la legitimidad de su victoria electoral. Desde el primer día, Trump creó un relato alternativo para desacreditar las pesquisas del fiscal especial Robert Mueller en cooperación con el FBI y el Departamento de Justicia, un relato basado en gran medida en teorías conspiratorias. Lo que pocos anticiparon entonces es que su fiscal general acabaría haciendo suyas aquellas sospechas para ordenar finalmente la "investigación contra los investigadores" que Trump llevaba reclamando en sus mítines desde el mes de abril.
Las pesquisas comenzaron en mayo, cuando el fiscal general William Barr nombró a John Durham, un respetado fiscal federal de Connecticut, para investigar los orígenes de la trama rusa. Inicialmente no era más que una revisión administrativa para examinar la legalidad de los métodos utilizados por el FBI para recabar su información o el rol que pudieron desempeñar terceros países en toda la historia. Pero aquella revisión administrativa se ha convertido ahora en una investigación penal en toda regla, un estatus que permitirá a Durham interrogar testigos, obtener documentos mediante requerimientos judiciales e incluso presentar cargos contra los funcionarios del Estado para llevarlos a juicio. El choque de trenes está servido. La guerra abierta que Trump ha librado desde el primer día contra las instituciones de su propio Gobierno ha entrado en una fase explosiva.
En los esfuerzos de la Casa Blanca para reivindicar al presidente a toda costa, Trump ha encontrado en Barr a un aliado excepcional, completamente entregado a encontrar pruebas que refuten las conclusiones de todo el aparato de seguridad sobre la trama rusa. Una actitud que ha llevado a los demócratas a cuestionar la independencia que se le presupone al fiscal general y a describirlo como "un instrumento" de Trump para llevar a cabo su "venganza política". "Si el Departamento de Justicia se utiliza para la retribución política o para ayudar al presidente en su narrativa política para las próximas elecciones, el Estado de Derecho sufrirá un daño irreparable", han afirmado los demócratas al frente de los comités de Justicia e Inteligencia, dos de las instancias que dirigen la investigación de 'impeachment' contra Trump.
Las pesquisas del FBI
Las teorías que manejan el presidente y su fiscal general tienen que ver con los orígenes de la investigación del FBI sobre la trama rusa. Aquellas pesquisas se pusieron en marcha con el chivatazo de un diplomático australiano a la agencia sobre la conversación que mantuvo en un bar de Londres con George Papadopoulos, un antiguo asesor de Trump. Papadopoulos le contó al diplomático que Rusia tenía miles de correos robados al entorno de Hillary Clinton que podían comprometer su campaña, una información que recibió inicialmente de un misterioso profesor maltés, Joseph Mifsud. Con el paso del tiempo, el entorno de Trump empezó a decir que Mifsud habría sido en realidad un agente de la CIA o algún servicio de inteligencia extranjero que tendió una trampa a la campaña del republicano para vincularla con Rusia y acusar espuriamente al Kremlin de interferir en las elecciones.
Por rocambolesca que parezca la teoría, se ha convertido en una de las piedras angulares de la política de Barr, que en los últimos meses ha viajado a Italia y al Reino Unido para pedirle a sus autoridades que cooperen con las pesquisas de Durham y ayuden a desentrañar la identidad de Mafsud, en paradero desconocido desde hace algún tiempo. Unas gestiones que también ha hecho con el primer ministro australiano.
Esa búsqueda desesperada de información que refute las conclusiones del aparato de seguridad sobre la trama rusa se ha extendido a Ucrania, el asunto que provocado la investigación de 'impeachment' contra el presidente. Trump no solo presionó a Kiev para que investigara a los Biden. También exigió a sus autoridades que examinaran la supuesta implicación ucraniana en la injerencia electoral, lo que le serviría para exonerar a Rusia y demostrar que la investigación de Mueller no fue más que una "estafa".
