La fiscalía de Panamá ha entrado esta madrugada hora española en las oficinas del bufete Mossack Fonseca como parte de la "investigación de oficio" abierta a raíz del escándalo de fraude fiscal conocido como los 'papeles de Panamá'.

Los registros han tenido lugar en la sede del bufete así como en otras filiales del grupo y en el data center de la empresa telefónica que brinda soporte informático a Mossack Fonseca", según ha informado la fiscalía. El objetivo de la operación era obtener documentación sobre las informaciones conseguidas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y publicadas en medios de todo el mundo que apunta a la posible participación del bufete en "actividades ilícitas".

La operación la ha impulsado el fiscal Javier Caraballo, titular de la nueva Fiscalía Segunda Especializada Contra la Delincuencia Organizada cuya creación fue anunciada este mismo martes. El registro de este martes, el primero que hace la fiscalía en el marco de la investigación de los 'papeles de Panamá', ha contado con el apoyo de Informática Forense del Instituto de Medicina Legal, la sección de Análisis Financiero de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Policía Nacional.

POCA COLABORACIÓN

Uno de los abogados de la firma, Elías Solano, ha negado que se tratara de un registro y ha apuntado que la diligencia fiscal era solo una "inspección ocular". Fuentes judiciales han señalado que Mossack Fonseca "no está colaborando con el fiscal", sino que "está dilatando" el proceso.

La filtración masiva de documentos de Mossack Fonseca, proveedor de miles de empresas 'offshore' (con ventajas fiscales) a personalidades de todo el mundo,ha golpeado la reputación de Panamá, que a raíz del escándalo ha sido reinscrita por Francia en su lista de paraísos fiscales. Precisamente el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, ha pedido este martes a su homólogo francés, François Hollande, que "reconsidere" la decisión de incluir al país en su lista de paraísos fiscales, y señaló que de persistir París en ese "error" tomará "medidas diplomáticas", sin precisar cuáles serían esas medidas.

El Gobierno panameño sostiene que el escándalo deriva de las actividades de una firma de abogados, no de la actuación del país, y ha señalado que en aras de profundizar las medidas que ha adoptado en los últimos años en favor de la transparencia hará una revisión de sus sistemas financiero y fiscal.