Los planes inmigratorios de Donald Trump han vuelto a estrellarse contra la judicatura. Esta vez no ha sido el veto a los ciudadanos de ciertos países musulmanes, una medida que acabó entrando en vigor con una formulación algo menos indiscriminada que la original, sino la orden de eliminar el programa que protegía de la deportación a unos 800.000 inmigrantes que entraron ilegalmente en EEUU cuando eran unos niños. Un juez federal de California ha impugnado la decisión de la Administración y le ha ordenado que vuelva a poner el programa DACA en práctica. El fallo da un respiro a los llamados dreamers (soñadores), un colectivo que temía ser expulsado tras una vida en el país.

La Casa Blanca reaccionó ayer de forma airada al requerimiento judicial y cargó de nuevo contra los tribunales, una constante desde que Trump llegó al poder. «Esto demuestra lo roto que está nuestro sistema de justicia y lo injusto que es», dijo el presidente en las redes sociales. «Creemos que esta decisión es escandalosa, especialmente a tenor de la reunión bipartidista que el presidente mantuvo con éxito con miembros de las dos cámaras en la Casa Blanca», añadió la portavoz Sarah Huckabee.

ENCUENTRO // La orden del juez se anunció poco después de que terminara la reunión que Trump mantuvo con los líderes republicanos y demócratas del Congreso para resolver el futuro de los dreamers. El presidente pide una «ley bipartidista de amor» para que no tengan que marcharse del país, pero también la condiciona a un pacto para que los demócratas le permitan financiar el muro en la frontera con México.

Trump tiene una relación de amor y odio con el DACA y los inmigrantes que se han beneficiado del programa desde que Barack Obama lo aprobó, en el 2012. En septiembre cumplió con su promesa de campaña para rescindir lo que había definido como «un decreto ilegal» para conceder una «amnistía» a los dreamers, a pesar de que el DACA no prevé ninguna vía para regularizar su situación concediéndoles la ciudadanía. Todos ellos han tenido que renovar cada dos años el permiso para trabajar y permanecer legalmente en el país.

Desde la derogación del programa, Trump ha mostrado la intención de cerrar un acuerdo para que los dreamers no sean expulsados. Ha dicho que resolverá el asunto «con corazón y compasión» y que «no tienen que preocuparse de nada». Pero esos gestos los ha combinado con alegatos chovinistas, como el que lanzó el martes en las redes sociales: «Que nadie se equivoque, ¡vamos a poner los intereses de los ciudadanos estadounidenses primero! Los hombres y mujeres olvidados de América nunca más serán ignorados».

Con el requerimiento del juez federal del distrito de San Francisco, William Alsup, el DACA se restablece temporalmente en todo el país, por lo que las autoridades inmigratorias no podrán deportar a los dreamers a partir del 5 de marzo, como había establecido la orden del Departamento de Justicia. El caso seguirá ahora su curso en los tribunales y es muy probable que la Administración recurra el fallo de Alsup.