Lo que no han conseguido los manifestantes contra la reforma laboral, podrían estar a punto de lograrlo los funcionarios franceses. Los trabajadores del sector público han desafiado este martes en las calles de todo el país las políticas de Emmanuel Macron, un presidente sobre el que llueven las críticas por el acento liberal de sus reformas.

Convocados, esta vez sin fisuras, por los nueve sindicatos de los tres sectores públicos (Estado, Sanidad y Administración territorial), unos 5,5 millones de funcionarios estaban llamados a la huelga para protestar por la pérdida de poder adquisitivo y la supresión de 120.000 puestos en cinco años.

El Gobierno no ha minimizado el peligro representado por este nuevo frente social, que se une al descontento de transportistas, jubilados, policías y otros sectores susceptibles de radicalizar la oposición a la hoja de ruta reformista de Macron. Sobre todo si se tiene en cuenta que no se veía en Francia una movilización similar de los sindicatos del sector público desde hace 10 años.

“El Gobierno escucha, recibe a las organizaciones sindicales que se manifiestan y que tienen todo el derecho a la huelga, pero la mayoría (parlamentaria) ha sido elegida para aplicar el programa del presidente de transformar los servicios públicos”, se ha defendido en la Asamblea Nacional el ministro de Cuentas Públicas, Gérald Darmanin.

INCIDENCIA DE LA HUELGA

Los paros han afectado a colegios, hospitales y transportes, pero su incidencia ha sido desigual. En educación, la huelga ha sido secundada por el 20% de los docentes de primaria y el 16% de los de secundaria. En los transportes, el sector más afectado ha sido el aéreo, donde se han anulado el 30% de los vuelos, según ha informado la dirección general de la aviación civil. Los trenes apenas se han visto afectados, salvo algunas líneas de cercanías. Mientras, el metro parisino ha funcionado con normalidad.

Los 130 desfiles programados en todo el territorio se han desarrollado de manera pacífica, a excepción de algunos incidentes como el registrado en el cortejo parisino por la actuación violenta de grupos radicales que la emprendieron contra las fachadas de entidades bancarias. También en París, el bloqueo del instituto Voltaire degeneró en un incendio que causó daños a la puerta de entrada del recinto escolar.

En cuanto al número de manifestantes, los sindicatos hablan de 400.000 en toda Francia y de 45.000 en la capital, una cifra que la policía rebaja a 26.000 personas.

DECEPCIÓN

Durante la campaña electoral de la pasada primavera, Macron se comprometió a mejorar el poder adquisitivo de los funcionarios, pero las medidas anunciadas meses después de llegar al Elíseo han decepcionado a los trabajadores del sector público, que, por cierto, habían votado masivamente por el candidato de En Marcha! en la primera vuelta de las presidenciales.

“Ahora somos las víctimas propiciatorias de los recortes en el gasto público”, se quejaba un manifestante. No solo los funcionarios temen que el presidente lleve a cabo una política que deteriore la calidad de los servicios públicos. Junto al grueso de la oposición política de izquierdas, en la manifestación parisina también estaba presente el principal sindicato estudiantil, la Unef, para defender el mantenimiento del sector público.

El Gobierno se reunirá con los representantes sindicales el próximo 16 de octubre. Es probable que sobre la mesa haya alguna propuesta que calme la cólera de los funcionarios para no comprometer la reorganización que el presidente quiere hacer de todo el sector público. Al igual que sus predecesores, Macron pretende desengrasar el sector público para hacerlo más ágil y adaptarlo a las nuevas necesidades del país.