Vicentín es una de las empresas agroexportadoras más importantes de la Argentina y América Latina. Lo que hace o deja de hacer suele tener impacto mediático. Cuando comenzó la cuarentena, uno de sus principales directivos, Gustavo Nardelli, se creyó a salvo de la pandemia y fue a pasear en su lujoso yate por el río Paraná. Lo interceptó la policía. También le secuestraron la embarcación. No ha sido la peor noticia para el consorcio alimentario que debe a la banca pública y privada unos 1350 millones de dólares. El Gobierno peronista dispuso su intervención por 60 días y enviará al Parlamento un proyecto de ley para expropiarla. "En el Congreso tendrán oportunidad de compararnos con Venezuela o con el infierno", dijo el presidente Alberto Fernández, anticipándose a la reacción opositora.
"El anuncio es peligroso, ilegal e inconstitucional y nos va a terminar costando miles de millones de dólares", dijo el diputado Mario Negri, de la coalición de derechas Juntos por el Cambio que lidera el ex presidente Mauricio Macri. El legislador Omar de Marchi habló de "chavismo". Vicentín fue uno de los principales aportantes a su campaña electoral y a la vez recibió importantes favores del Banco Nación. Por eso, el caso de esta firma vendedora de cereales y aceites está fuertemente ligado a la disputa política que se ha desatado en medio de la cuarentena.
"Soberanía alimentaria"
Al explicar su audaz paso, Fernández recordó que Vicentín, a pesar de su capacidad de molienda de soya de 30.000 toneladas diarias, sus mil camiones y millonarias inversiones portuarias, se encuentra "en concurso preventivo, camino a la quiebra". El mandatario informó que la ley de expropiación declarará a la empresa vamos "de utilidad pública" en momentos que un país que saldrá de la pandemia con más de 50% de pobres necesita "lograr una soberanía alimentaria". A pesar de los inmediatos señalamientos de sus adversarios, Fernández dijo no tener duda que se ha tomado "una decisión estratégica para la economía nacional". En ese sentido señaló que los productores del norte bonaerense y la provincia de Santa Fe "deben estar muy contentos oyendo esta noticia".
El interventor de Vicentín será Gabriel Delgado, ex secretario de Agricultura de Cristina Fernández de Kirchner. Al ver el nombre de la ex jefa de Estado y actual vicepresidenta, Clarín no dudo: se trata de una medida "teñida de ideología". El diario calificó de sorprendente la iniciativa de expropiación "cuando se sabía en el mercado que había varias tratativas en marcha para encontrar una solución, desde el sector privado, a la crítica situación económica derivada de la cesación de pagos de la compañía". Página 12, una publicación que simpatiza con el actual Ejecutivo, valoró el decreto presidencial. "A partir de aquí, el Estado ocupará el lugar que le corresponde para defender el interés social". El dirigente agropecuario Eduardo Buzzi, 12 años atrás pertinaz opositor del kirchnerismo, calificó de "virtuoso" el paso dado.
Relaciones con Macri
Fernández dejó entrever que el caso Vicentín puede abrir las puertas para investigar su alianza con el Gobierno de Macri (2015-19). Preciso al respecto que si los interventores encuentran "una irregularidad" será denunciada ante los tribunales. Nardelli, el dueño del yate que salió a pasear despreocupado durante la etapa más dura del autoaislamiento, está imputado junto con otro directivo de la empresa, Alberto Padoan, en la causa abierta por el préstamo presuntamente irregular que recibió la firma bajo la anterior administración. El presidente de la entidad bancaria, Javier González Fraga, también es investigado. Claudio Lozano, uno de los actuales directores de ese banco, aseguró que el macrismo le dio un "trato privilegiado" a la agroexportadora al punto que dejó de pagar su deuda. Vicentín recibió 100 millones de dólares para refinanciar sus ventas 30 días antes de declararse en bancarrota.
