+
Accede a tu cuenta

 

O accede con tus datos de Usuario El Periódico Mediterráneo:

Recordarme

Puedes recuperar tu contraseña o registrarte

 
 
 
   
 
 

PENAS DE CÁRCEL

El Gobierno británico endurecerá la ley para los terroristas

 

BEGOÑA ARCE LONDRES
04/02/2020

El Gobierno británico se dispone a tramitar por el procedimiento de urgencia una modificación de la legislación antiterrorista para acabar con la puesta en libertad automática de condenados por delitos relacionados con el terrorismo. La nueva normativa mantendrá en la cárcel durante más tiempo a los actuales y futuros condenados por terrorismo. De entrada, los presos deberán cumplir dos tercios de la pena impuesta antes de que puedan solicitar la libertad condicional. Esa petición será examinada por una comisión especial, que dará o no el visto bueno.

El anuncio del ministro de Justicia, Robert Buckland, en la Cámara de los Comunes se produjo ayer, un día después de que Sudesh Amman, de 20 años, apuñalara a dos personas en Streatham, al sur de Londres. El agresor había salido de la cárcel pocos días antes, después de cumplir solo la mitad de la condena por actividades terroristas, sin que las fuerzas de seguridad pudieran hacer nada por impedirlo, a pesar de saber que era extremadamente peligroso. En noviembre, dos personas murieron en el Puente de Londres a manos de otro condenado liberado anticipadamente. Tras aquel ataque, Boris Johnson ordenó la revisión inmediata de la legislación.

Actualmente hay en el Reino Unido 74 de estos exconvictos en la calle gracias a la libertad automática y 224 encarcelados pueden beneficiarse en el futuro. Johnson reconoce que, a pesar de cambiar la ley, es muy difícil resolver qué hacer con los que ya están en la calle. «Legalmente es un asunto muy complicado. Como saben estamos preparando legislación para eliminar el sistema de libertad automática, pero la dificultad es aplicar esa medida de manera retroactiva». En el 2005, el entonces gobierno laborista de Tony Blair, introdujo el «encarcelamiento para la protección pública». Se trataba de sentencias indefinidas para sujetos muy peligrosos como Amman. En el 2012, el gobierno conservador las anuló por cuestiones presupuestarias.