El gobierno de facto de Bolivia aseguró ayer que un «grupo criminal» que asoció con Evo Morales busca perpetrar un atentado contra la vida de la senadora Jeanine Añez, autoproclamada presidenta de Bolivia. «Hemos tenido que parar el viaje a su tierra natal, ha sido muy difícil convencerla porque está en peligro su vida», dijo el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.
El «fantasma subversivo» o la figura del «sedicioso» están a la orden del día desde que Añez llegó al Palacio del Quemado con su Biblia como escudo. Murillo volvió a agitar ese peligro y le pidió a los «hermanos campesinos» que no se dejen «utilizar» por personas «con nexos con el narcotráfico» que quieren hacer de Bolivia «una Venezuela».
Mientras el ministro ultraconservador formulaba sus recomendaciones, la ciudad de Cochabamba era escenario de tres manifestaciones en las que se exigía la salida del poder de Añez. En sus inmediaciones murieron el pasado viernes nueve personas en el marco de una protesta que fue repelida por las balas del Ejército.
El Gobierno español apoyó el inicio inmediato de una «investigación independiente» que determine las responsabilidades de lo ocurrido. El Ministerio de Exteriores recordó que «el legítimo derecho de protesta debe ejercerse siempre por vías pacíficas» y que la protección del orden público a cargo de la Policía y de las Fuerzas Armadas debe realizarse «dentro de la legalidad boliviana y del Derecho internacional en materia de Derechos Humanos». De esta manera se aludió al decreto firmado por Añez que le garantiza impunidad a los uniformados involucrados en delitos represivos. El representante de la UE en Bolivia, León de la Torre, advirtió a la presidenta interina que «cada muerte dificulta la pacificación» que ha prometido.
