El presidente de Rusia, Vladímir Putin, estampó su firma el lunes por la noche en una criticada enmienda de ley que permitirá etiquetar como «agentes extranjeros» a las personas físicas que distribuyan información en el país, en el caso de que hayan recibido o reciban dinero de organismos no rusos. El texto legal, con un enunciado deliberadamente vago, ha sido criticado de forma unánime por las oenegés de derechos humanos, que ven un nuevo intento gubernamental de cercenar la libertad de expresión en el país.
La medida incluye a reporteros, blogueros, fuentes informativas y ciudadanos con acceso a las redes sociales que diseminen en Rusia información publicada por medios que han recibido financiación del extranjero. Más de 60 periodistas, intelectuales, activistas y escritores han hecho pública una carta abierta dirigida al jefe del Estado en la que le demandan que no promulgue la ley. El termino «agente» en el idioma ruso posee connotaciones muy peyorativas y se solía referir, en los tiempos de la guerra fría del siglo pasado, a traidores o personas infiltradas.
Como ya sucedió en el 2012, cuando después una oleada de manifestaciones antigubernamentales se promulgó la ley que afectaba a las oenegés, esta enmienda sobreviene tras meses de amplias protestas en Moscú y en otras ciudades rusas durante el verano, que han congregado a decenas de miles de personas. «Es un ataque selectivo para crear obstáculos a los manifestantes, en especial con respecto a los medios de comunicación, que informan acerca de las protestas», lamenta Alekséi Venedíktov, redactor jefe de la emisora independiente Eco de Moscú.
Uno de los medios de comunicación extranjeros que más presiones ha sufrido es la radio pública alemana Deutshe Welle. La emisora estuvo a punto de perder su acreditación después de que Vasily Piskariev, un prominente diputado de Rusia Unida, el partido oficialista ruso, la acusara de incitar a los ciudadanos a tomar parte en manifestaciones, algo que el ente supervisor alemán rechazó por completo.
