El Gobierno de Tailandia ha puesto fin este jueves al estado de emergencia "severo" que fue impuesto el 15 de octubre para represaliar la ola de protestas que hace una semana se repitan en la capital. La decisión supone una victoria para el movimiento prodemocrático. El Gobierno ha dado marcha atrás tras la jornada de protestas del miércoles en Bangkok donde 7.000 personas volvieron a desafiar el decreto por séptimo día consecutivo.

El decreto de emergencia, además de prohibir las reuniones de más de cuatro personas, daba a la policía carta blanca para hacer detenciones y confiscar cualquiera publicación electrónica que se considerara "contraria a la seguridad nacional". El jefe de Gobierno, Prayut Chan-O-Cha, declaró que "en este momento, los graves hechos que llevaron a la declaración del decreto de emergencia severo han remitido, por lo que las autoridades pueden implementar las leyes ordinarias".

Este miércoles, miles de manifestantes acudieron de manera pacífica hacia las inmediaciones de la Casa del Gobierno y entregaron a las autoridades una carta de renuncia preparada a la que solo le faltaba la firma del mandatario. El movimiento liderado por estudiantes anunció el mismo día tres jornadas de tregua para dar al primer ministro la oportunidad de anunciar su dimisión.

REFORMAS PROFUNDAS

Además de la dimisión de Prayut, el general que lideró el golpe de Estado en 2014 y retuvo el poder en 2019 mediante unas controvertidas elecciones, los manifestantes, que llevan organizando protestas masivas desde julio, exigen la redacción de una nueva Constitución, ya que la actual fue dictada por la extinta junta militar en 2016, y la reducción de la influencia del Ejército.

Pero la demanda más audaz y controvertida es la reforma de la monarquía, un tema tabú hasta hace muy poco, no sólo por el gran respeto que ha inspirado la institución, sino también por la dura ley que prevé penas de hasta 15 años de cárcel para quien critique a la corona.

VICTORIA POPULAR

El decreto de emergencia del 15 de octubre no logró a frenar sensiblemente al movimiento estudiantil, por lo que el Gobierno tuvo que cambiar de método. "El Gobierno está haciendo un cambio de rumbo porque se da cuenta de que los viejos métodos ya no funcionan", dice Christine Cabasset, del Instituto de Investigación sobre el Sureste Asiático Contemporáneo.

"No podía seguir desgastándose ante una juventud determinada que no ha dejado de luchar a pesar de la detención de la mayoría de sus líderes. Es una victoria para el movimiento, que continúa fortaleciendo su base", asegura la experta.