Las heridas del Congo, lejos de cicatrizar, cada vez están más abiertas. Las Naciones Unidas ha denunciado que 251 personas, entre las cuales había 62 niños, han sido asesinadas en la región de Kasai entre marzo y junio de este año. De estos 62 niños ejecutados, 30 tenían menos de 8 años. La ONU ha manifestado que el alcance de la masacre podría ser mucho mayor al haber encontrado 80 fosas comunes en el mismo territorio congoleño.

Estas son las víctimas de un conflicto que se ha intensificado desde agosto del 2016, cuando el Ejército regular mató al líder de la milicia Kamuina Nsapu, un grupo armado contrario al Gobierno. Desde aquel momento, los miembros de la guerrilla han matado a policías y militares como venganza y se han dedicado a reclutar niños y niñas para llevar a cabo estos ataques. Las fuerzas gubernamentales siguen intentando abatir este grupo de niños soldado mal armados. "La gran mayoría de los Kamuina Nsapu son criaturas, de 7 años las más pequeñas", ha afirmado un portavoz del Gobierno.

Las Naciones Unidas también denuncian que el conflicto tiene "una dimensión étnica", al haber usado miembros de diferentes grupos (Tchokwe, Pende y Tetela) para atacar los niños de la milicia Kamuina Nsapu, y que lo que ocurre está en camino de convertirse en una "limpieza étnica".

Un millón de desplazados

Según el testimonio de personas que se han visto obligadas a marcharse del Congo hacia Angola a causa de la escalada de violencia, ambos bandos han perpetrado asesinatos sumarios, violaciones múltiples y mutilaciones. Asimismo, los supervivientes han evocado "los gritos de las personas quemadas vivas, la visión de sus parientes perseguidos y sacrificados y su propia fuga, aterrorizados". Algunos de estos refugiados en Angola presentaban heridas graves y mutilaciones, como un niño de tan solo 7 años completamente desfigurado al que le faltaban varios dedos.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció este viernes que estos delitos, cometidos por ambas partes del conflicto en la región de Kasai, pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Hasta el momento, el conflicto ha causado 1,3 millones de desplazados internos y 300.000 refugiados, 30.000 de ellos solo en Angola.

Perpetuación en el poder

En el informe que ha emitido la ONU, se recomienda al Gobierno congoleño de Joseph Kabila que investigue de forma independiente estos crímenes y que no use la violencia en la región como excusa para no convocar elecciones en el país, que han sido pospuestas en reiteradas ocasiones, la última vez alegando dicho conflicto. Kabila, que asumió el poder en el 2001 cuando asesinaron a su padre, estaba obligado a convocar elecciones en el 2016.

La República Democrática del Congo está sumida en una guerra inacabada desde hace más de 20 años. Las líneas maestras de este conflicto tienen que ver con la competición de diferentes actores por el control de territorios con minerales, oro y petróleo, la liberalización de sectores industriales que no han dado soluciones para erradicar la pobreza y también con la corrupción -y el autoritarismo- del Gobierno. Una investigación reciente de la oenegé británica Global Witness se hizo eco de la desaparición de 750 millones de dólares que se transfirieron de compañías mineras a agencias tributarias estatales entre el 2013 y el 2015. Más allá de los minerales, la guerra también es un buen negocio.