La ley de extradición «está muerta». La jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, volvió a descartar ayer que el proyecto que ha catalizado las protestas masivas en la excolonia vuelva a tramitarse. Sus manifestaciones, sin embargo, no satisficieron a la oposición, que rechaza todo lo que no sea una retirada definitiva. El asunto se ha reducido ya a un debate semántico.

Lam ya había aclarado dos semanas atrás que ese proyecto se extinguiría con el final de la legislatura el año próximo. Las manifestaciones y los enfrentamientos se habían encadenado en la excolonia y el clima social, razonó, imposibilitaba su trámite. Ayer introdujo un matiz temporal: la ley «no morirá» sino que ya «está muerta». La norma se encuentra en un estado técnico de «suspensión temporal» pero importa poco: es seguro que el Gobierno no se atreverá a reintroducir un proyecto que sacó a dos millones de hongkoneses a la calle para protestar.

El conflicto se ha estancado por la terquedad de ambas partes: la del Gobierno, por no pronunciar la fórmula «retirada definitiva»; y la de los jóvenes, por reclamársela cuando saben que la ley no saldrá nunca del cajón.

Lam abundó en la idea antes de reunirse con sus asesores. «La hemos suspendido y no está ya en el calendario. Reiteramos que cuando la actual legislatura finalice, en julio del próximo año, expirará de forma automática. Lo que digo hoy no es muy diferente de lo que ya dije, pero quizá la gente necesitaba escuchar una respuesta más clara. La ley ha muerto. Así que la gente no tiene que preocuparse de que se reanuden las discusiones sobre la ley en la actual legislatura».

Lam también pidió disculpas por su responsabilidad en la agitación que asola la isla. La isla lleva cinco manifestaciones en el último mes y medio por ese proyecto de ley que, según sus críticos, habría permitido que los hongkoneses fueran enviados a la turbia justicia China.